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Ordenando el tema, una premisa. En diferentes medios de comunicación se está mostrando un panorama gris, si no negro, para el futuro de la paz en Colombia, soportado en el crecimiento de las disidencias de las Farc, la persecución de los antiguos jefes de este grupo guerrillero a manos de sus propios antiguos subordinados, hecho que está sirviendo como excusa para la no comparecencia ante la JEP, los quebrantos institucionales de esta corporación de justicia transicional, el crecimiento de las hectáreas sembradas con coca, las relaciones del Gobierno Nacional con Trump que cada día empeoran y exacerba la crisis, la precaria gobernabilidad interna del presidente Duque, la polarización política sin precedentes en el país, las relaciones con Venezuela rotas al extremo. Sin embargo, todos estos temas cruciales para el encarrilamiento del tren institucional son superables, salvo los que fueron, son y serán la génesis del conflicto interno armado: La pobreza y la corrupción.

Y empecemos. Las 27 muertes en la vereda Portachuelo del municipio de Rosas, Cauca, el asesinato continuo de líderes sociales, la violencia sostenida y reconcentrada de Medellín y el Valle de Aburrá, la inconsistencia en la implementación de lo acordado con las Farc, la ausencia de control institucional territorial en veredas de cerca de 200 municipios del país, etcétera, entre otros factores, explican la desconfianza ciudadana sobre lo público y todo aquello asociado a la política y el poder en Colombia.

Podrían enumerarse un sinfín de hechos negativos que alimentan esta percepción desastrosa, pero la fundamental y más clara es que tenemos y hemos tenido gobiernos débiles. Estos se caracterizan porque no consiguen que la comprensión de bien común e intereses colectivos, vaya más allá de la esfera de los amigos, aliados, socios políticos o económicos de las campañas que les permiten acceder al poder.

En muy pocas ocasiones logran que los intereses de las mayorías ajenas a la acción política electoral y de gobierno queden comprendidos en sus acciones.

Por otra parte, se debe admitir que la democracia plena no existe, es solamente el camino que un pueblo asume y construye para convivir de la mejor manera posible. Existen democracias amplias y democracias restringidas; así que ir a urnas con regularidad es apenas un indicador del sistema. Pero hagamos una aclaración.

La democracia formal, esa que nos convoca cada dos años a urnas sin falta, es una cosa. Pero la democracia real es un sistema político en el que los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, por tanto, propende por un mayor bienestar para todos sin discriminación alguna, promueve las libertades y defiende lo público por encima de intereses particulares.

Según el Índice de Democracia 2018, Colombia ocupa el puesto 51 entre 167 países (nada mal, dirán algunos) y se encuentra en el grupo denominado como las democracias imperfectas. Los indicadores miden año a año los resultados del país en diferentes categorías más allá de la electoral, como la vigencia de las libertades civiles, en la que se cuentan la garantía de respeto por los derechos humanos y los derechos de las minorías.

Al respecto, una inquietud.

Una cosa es que el Congreso expida una norma general y otra cosa es la interpretación autoritaria que la institución haga del código, al amparo de alcaldes con criterios antidemocráticos de gobierno.

Me gustaría saber cómo hicieron, en una institución con 150.000 miembros activos, para decirles que regía un nuevo Código de Policía y qué órdenes recibieron los mandos para su implementación.

¿Quién interpretó las normas y les explicó cuál era su alcance? ¿Cómo les dijeron que las palenqueras y los vendedores de empanadas eran los delincuentes a perseguir? ¿Cuál es el artículo del Código que autoriza al agente de policía a defender al agresor y sancionar a los agredidos en un caso de expresión de odio?

Parece que les pasaron el código para que cada cual lo interpretara a su leal saber y entender homofóbico, autoritario y corrupto. La prioridad de la fuerza policial no parece estar en combatir los atracos callejeros que van en aumento galopante, ni a las mafias que trafican a sus anchas. Pero eso sí, hay que mostrar que “se ejerce autoridad”, una labor que les encanta, mostrar hasta la indolencia quién es el que manda y expedir en abundancia comparendos económicos. Y al que le revire, peor le va.

Hubo un tiempo en el que había cátedra de derechos humanos en la policía, ¿qué les enseñan hoy en día a los uniformados, ese cuerpo altamente jerarquizado y de obediencias debidas, para que anden desmadrados por las calles abusando de su autoridad?

 

Por Guillermo Alfredo Narváez

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