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Miércoles, Diciembre 12, 2018 - 14:16

En esta época de fin de año cuando se hacen los balances, el departamento de Nariño definitivamente se raja en materia de violación de los Derechos Humanos, DD.HH, que nos ubica con la situación más grave en materia de conflicto armado, desplazamientos forzados, muertes selectivas, principalmente de líderes y un crecimiento vertiginoso de los cultivos de uso ilícito que llevaron a acrecentar la violencia.

Para vergüenza nuestra y del resto del país, este año fuerzas oscuras han asesinado a 11 defensores de los DD.HH, que luchaban por la protección de sus territorios o simplemente velaban por los derechos comunales. En los últimos meses los victimarios se han ensañado con la comunidad Awá, que en 3 meses reportó la muerte de 12 de sus líderes a manos de grupos armados (32 en lo corrido de 2018).

No podemos negar que un año antes y después de la firma del Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las Farc la violencia ha reducido significativamente en la mayor parte del departamento y se respira tranquilidad ante ese permanente acoso de la guerra prolongada por décadas.

También es cierto que la situación empeoró en municipios de la costa y el piedemonte como Tumaco, un poco menos en Barbacoas, Ricaurte, Magüí, Roberto Payán, Olaya Herrera, Policarpa y Samaniego.

Solo en Tumaco se ha visibilizado la presencia de unos 24 grupos armados ilegales, que en parte se componen de disidentes de las Farc que se unieron con la delincuencia común para conformar bandas criminales tales como la Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico y La Gente del Orden.

El problema más grave se concentra en Tumaco, porque se constituye en una especie de epicentro de la producción y los negocios del narcotráfico, en donde las autoridades han revelado la presencia de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco.

Cuando faltan 17 días para terminar 2018 se contabilizan 233 homicidios (a cierre de la semana anterior), relacionados casi en su totalidad con ajuste de cuentas, producto de la conexión con las bandas ilegales y por supuesto el narcotráfico.

Fuentes oficiales señalan que se han registrado 15 desplazamientos forzados ante los combates de grupos disidentes y en algunos casos por la intervención de la Fuerza Pública, sin embargo son más de 20 éxodos, de los cuales en situaciones como las de Roberto Payán, Magüí y Olaya Herrera, hay familias que aún siguen concentradas en el casco urbano porque no se les ha brindado las condiciones de seguridad y proyección para poder regresar a su terruño en las zonas rurales.

Este panorama es desalentador, porque no vemos que a corto o mediano plazo se dé una solución o se les pueda decir a las comunidades que la violencia se mitigará. De acuerdo con lo analizado por la Fundación de Desarrollo y Paz, Fundepaz y las oficinas de Derechos Humanos de la Gobernación y la Alcaldía de Pasto, 2019 se avizora como un año complejo, porque marcará mucha tensión la temporada política frente a las elecciones regionales de octubre.

También se analiza que ante el hecho de no haber sido amilanados los grupos armados ilegales, estos seguirán fortaleciéndose y ejerciendo el terror en los territorios antes señalados, incluso con el riesgo de que se expandan.

Se ve un año de grandes movilizaciones sociales en Nariño y los líderes sociales desafortunadamente continuarán en la mira de los asesinos.

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