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Miércoles, Septiembre 4, 2019 - 16:44

En nuestro país y más en regiones como Nariño, Cauca y Putumayo, los violentos son un estado paralelo e imponen su ley y no hay poder de nuestras autoridades, con su vasta Fuerza Pública que puede detenerlos. Estos, no se sabe si en reuniones, telefónicamente o en banquetes, deciden quien debe vivir o morir. Matan sin la más mínima contemplación a quien lo ven como una amenaza para sus intereses, ya sea porque defiende los derechos humanos, los recursos naturales o el presupuesto público.

Así pasó con la aspirante a la Alcaldía del municipio de Suárez, en el Cauca, Karina García Sierra, acribillada junto a cinco personas que integraban una comitiva de su campaña y luego incinerados en el vehículo en el que se movilizaban, para mostrarle al país que ellos mandan y que son incombatibles.

Entonces los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y juntas administradoras locales están inermes. Karina García Sierra lo dijo a los cuatro vientos que estaba amenazada, que la querían matar. La misma Defensoría del Pueblo lo alertó. Y como en Crónica de una muerte anunciada, la asesinaron de la peor manera, con la única diferencia sobre la historia del Nobel Gabriel García Márquez, que al contrario de Santiago Nassar, ella sí sabía que seguían sus pasos y la iban a ultimar.

Si a los candidatos que por ley deben ser protegidos con fuertes esquemas de seguridad los matan en donde sean, a la hora que sea y como sea, que diremos de nuestros líderes sociales que están en las veredas, los corregimientos, alejados del mundo y de los escritorios de quienes hacen las leyes, las administran y deciden en Colombia.

Es decir, si están en la lista negra, sólo queda una alternativa, salir corriendo de la región y del mismo país para esconderse, porque al estar planillado por esas fuerzas oscuras, es muy difícil que se escape de la muerte.  

Según la Misión de Observación Electoral cada 36 horas se registra un hecho violento contra candidatos a las regionales en el país y solo entre el 27 de julio y el primero de septiembre del año en curso, se han producido 24 hechos violentos, entre los que se contabilizan 12 aspirantes a Alcaldía, 10 a Concejo, uno a Gobernación y uno a la Asamblea.

Por eso la directora de la MOE, Alejandra Barrios, levantó un clamor y expresó que es urgente adoptar las medidas necesarias nacionales, locales y sociedad civil en general para hacerle frente a los hechos de violencia que están ocurriendo a lo largo de este proceso electoral. Cada día y medio un hecho de violencia en algún lugar de este país.

Al mismo tiempo el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, precisó que los candidatos a cargos de elección popular en las regiones deben estar protegidos para que desarrollen el libre ejercicio de sus aspiraciones, sin presiones de grupos armados ilegales y sobre todo respetando su vida.

Dice Toro que es necesario impedir que volvamos a épocas aciagas, sin embargo ya las estamos viviendo y el Gobierno Nacional se quedó en un estado de disco rayado, de que se van a tomar medidas excepcionales, que van a proteger a los candidatos, a los líderes sociales con todo el accionar institucional, y en la realidad estamos frente a sistemáticos genocidios que se perpetran en las narices de nuestras impávidas autoridades.

Hoy en el departamento de Nariño, en medio de una crítica situación de orden público y amenazas a diestra y siniestra de aspirantes a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre y de los dirigentes sociales, estamos frente a lo que sería el secuestro del candidato al Concejo del municipio de La Unión, Alex Urresty, de 32 años de edad, quien completa 5 días desaparecido.

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