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Martes, Junio 11, 2019 - 15:41

La violencia en nuestro país es una locura, pues tenemos carca de 9 millones de víctimas producto de ese conflicto armado, la cifra más alta del mundo y pese a la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, la más grande y antigua hasta ese momento, seguimos inmersos en esa pesadilla.

Cuando se cumplen 8 años de la promulgación de la Ley de Víctimas, que si bien es uno de los mejores aciertos, vemos que no se han respetado sus alcances y en casi una década de los 8 millones 816 mil 304 víctimas solo se ha logrado indemnizar a 900 mil personas, proceso que se extiende máximo hasta el 2021.

Es decir que en 2 años no se llegará a la reparación ni siquiera de los 2 millones de víctimas, con el agravante de que estas siguen creciendo como el peor de los males producto de un conflicto incontenible, en gran parte culpa de este Gobierno Nacional que le ha apostado a la guerra y a aplastar el proceso de paz. Claro, y en esta medida le ha echado más leña al fuego y han crecido las disidencias de las Farc en todo el país.

En el departamento de Nariño, el más afectado por el conflicto porque tiene todos los componentes de la guerra con más de 20 grupos armados ilegales y un boyante narcotráfico que alberga hasta los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, son más de 500 mil víctimas, casi la cuarta parte de la población de todo su territorio, sin embargo en los registros de la Unidad de Víctimas se contabilizan 380 mil.

Solo en el transcurso de este año se han producido 10 desplazamientos masivos en Tumaco, Magüí, Roberto Payán, Barbacoas, Santa Bárbara, La Tola, Cumbitara, Leiva y Policarpa, entre otros, la mayor parte provocados por enfrentamientos entre las mismas disidencias o de estas con grupos de los denominados paramilitares.

Lo más probable es que terminemos este 2019 superando los desplazamientos masivos de 2018, cuando se presentaron 15, es decir más de 5.000 personas que tuvieron que salir de sus territorios y concentrarse en los cascos urbanos o en municipios vecinos o en otros casos las familias confinadas sin poder moverse de sus casas.

Cómo ponerle límite a la reparación de las víctimas si la guerra en nuestra nación sigue imparable y los grupos armados ilícitos se fortalecen antes que diezmarse. En Nariño de cuatro o cinco organizaciones delictivas que se tenían antes de 2016, el año pasado estaban referenciadas al menos 25.

No se puede desconocer que indemnizar esa cantidad tan impresionante de víctimas no aguanta el bolsillo del Estado, pero en esta misma medida es la obligación de las instituciones, como el Gobierno Nacional, buscar los mecanismos para contener ese conflicto y por supuesto proteger a la población civil. Tampoco se lo excluye de tener que reparar a los afectados por ese flagelo y porque así está condensado en el Acuerdo Final firmado con las Farc.

Imagínense por un momento a una familia que tenía sus tierras, las producía y de las que vivía en medio de sus animales y la naturaleza. Le llegó la violencia, mató a parte de sus integrantes, violó a las mujeres, adultas y menores de edad, les quemó su rancho y la obligó a huir, y hoy esa familia campesina vive hacinada en un bloque de apartamentos, entre cuatro paredes, como en una caja de fósforos, sin alternativas de trabajo y sin posibilidades de volver al campo en donde estaba su mundo.

No pidieron la violencia, esta les llegó y las destruyó, porque el Estado nunca hizo presencia en esos territorios, de donde han salido a borbotones las víctimas, escapando de la muerte y la misma miseria.

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