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Jueves, Febrero 14, 2019 - 15:37

Al mismo tiempo que en distintos sectores de Nariño se ha expuesto el inconformismo por el anuncio del Gobierno Nacional de suspender los subsidios de los servicios públicos e incluso el de la gasolina, en la costa y el piedemonte cayó como un golpe bajo la noticia de la Dirección Nacional de Regalías de dejar por fuera de los planes enfocados dentro del posconflicto a 9 de los 10 municipios de esa zona.

El rechazo no se ha hecho esperar en todo el departamento, principalmente de los municipios de La Tola, El Charco, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Barbacoas, Tumaco, Magüí y Roberto Payan, que como todos sabemos aún viven en medio de la incertidumbre por la presencia de actores armados ilegales que quieren establecer su ley aprovechando la ausencia del Estado, sin olvidarnos que ese territorio fue santuario de las Farc y de las arremetidas más fuertes de los paramilitares.

En Nariño ya se siente en carne propia lo que será el gobierno de Iván Duque, indiferente a su problemática social, económica y política sin darle prioridad a las inversiones en los proyectos fundamentales, como una forma de castigo porque este fue de los departamentos en donde no le votaron en las elecciones a la Presidencia, han expresado algunos alcaldes afectados por la medida.

Por ejemplo para el alcalde del municipio de Mosquera y presidente de la Asociación de municipios de la costa del pacifico nariñense, Johan Vásquez, “no es justo que se quiera desconocer nuevamente esta región del Pacifico, en donde la guerra aún se siente con mayor intensidad”.

Además sufrir los embates del conflicto armado que les sigue causando muertes selectivas, desplazamientos masivos de las poblaciones por los constantes combates, secuestros, extorsiones, víctimas de minas antipersonal y violaciones a los derechos humanos, los condenan prácticamente a seguir en la miseria, porque los proyectos de salud, educación e infraestructura son para mitigar esos elevados índices de necesidades básicas insatisfechas.

Los mandatarios se siente maltratados por el gobierno central y no vemos que el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, no se ha dado ni por enterado, cuando ya debió pegar el grito en el cielo e impedirlo, porque la inversión social dirigida a los municipios más afectados por el conflicto estaba estipulada en el Acuerdo Final firmado en diciembre de 2016 con la guerrilla de las Farc.

Los municipios en mención son un caldo de cultivos para sigan proliferando los cultivos de uso ilícito (34 mil hectáreas y solo en Tumaco 22 mil), el poder del narcotráfico y los grupos armados ilegales, que según los organismos de seguridad sobrepasan los 20.

Es ahora cuando la clase política de Nariño debe mostrarle al pueblo que sirve para algo y comenzar a presionar para se reintegre a los municipios lo que por derecho les pertenece y se destinen los recursos para terminar los proyectos que estaban enfocados y continuar con el apoyo dentro del posconflicto.

También está el hecho de que avanza el trámite en el Congreso de la República de ese lesivo Plan de Desarrollo Nacional que pretende recortarle los subsidios al estrato 3 y que en un efecto dominó también afecta a los estrados 1 y 2.

Estamos en un momento coyuntural que puede definir el futuro de Nariño, porque además con los anuncios de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito y el hecho de que también se paralizaron los subsidios para los productores de coca, amapola y marihuana, la situación pinta muy mal.

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