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Domingo, Febrero 17, 2019 - 12:37

De entrada, cuando me enteré de la noticia, el hecho me pareció sospechoso. Puede que no sea más que un abuso de los que ocurren a diario en las calles de cualquier parte, pero es que me acordé del grafiti que creo todavía sigue estampado en una esquina en Cali y que dice algo así como “Vivimos en un país en donde la pizza llega primero que la policía”.

Hace más de un año escribí en este diario mis críticas sobre el nuevo Código de Policía (ya va a cumplir tres), formuladas básicamente sobre el argumento de que eran normativas concebidas dentro del marco del conflicto armado, bajo su sombra, militaristas, peligrositas, peyorativas con lo civil, ajenas (como contrapartes) entre autoridades y sociedad.

Si no estoy mal, hace ya más de un año que tres parlamentarios adelantaron un debate muy importante en torno a los alcances del código; como este ya llevaba un tiempo significativo de aplicación, pudieron además evaluar que tan útil había sido en el camino de mejorar la convivencia ciudadana y en atajar delitos

El ejercicio mostró que algunas cifras importantes en materia delictiva han mejorado (básicamente el número de asesinatos en ambientes urbanos) y en cuanto a las muertes por accidentes de tránsito. La disminución en los asesinatos no se logró asociar con el código sino más bien con el proceso de paz; el tema vial fue tal vez una de las pocas bondades adjudicables al nuevo código.

Pero las cifras mostraron también otras realidades: para enero de 2018 se habían reportado más de 9 mil investigaciones por abuso de autoridad de la policía, incumplimiento reiterado de órdenes, agresiones físicas y manipulación imprudente de armas de fuego entre otros.

Cuando anotaba al principio que el hecho me parecía sospechoso, me refería a la multa (de casi un millón de pesos) impuesta hace unos días a un joven en Bogotá por comerse una empanada en la calle, adquirida a un vendedor ambulante.

Y es que la capital es una ciudad compleja en todos los aspectos: pero lo es especialmente en la inseguridad en la calle, en el transporte público (no hay espacio que se escapé a esa realidad), en violencia intrafamiliar y de género, en agresión sexual a niñas y niños, en acoso, en venta de droga al menudeo en colegios y universidades, en estafas de todo tipo; en Bogotá es usual encontrar cientos de trancones insoportables (por choques o varadas o imprudencias o abusos de los distribuidores) mientras la policía está conversando en los semáforos sin inmutarse; tampoco faltan las riñas casi por todo, entre conductores de toda suerte de vehículos, entre vecinos, entre personas, por mil razones. En Bogotá hay no se cuantos miles de vendedores ambulantes luchándose la vida en cada esquina, en cada semáforo, en cada trancón. Ahora se les sumaron otros tantos miles de venezolanos intentando sobrevivir, venden lo que pueden, a la hora que sea, solos o con la familia completa acompañándolos.

Esta realidad es prácticamente un fenómeno nacional, pero a escala, claro está, entre más grande el complejo urbano más grandes las dificultades. No estoy diciendo nada nuevo (ya se) los lectores no saben esto por que alguien lo escriba, lo saben porque lo padecen a diario, porque lo sufren mudos en una sociedad en la que los que hablan por los micrófonos lo hacen desde su óptica del poder sin escucharlos.

Ahora bien, que en medio de una realidad tan abrumadora y ante los ojos de todos se imponga una multa superior al salario mínimo en un país de pobres por comprar una empanada de 600 pesos a un vendedor ambulante, es delirante. Es infame.

Este código de policía se elaboró pensando en el control social para proteger privilegios, para la represión, para el abuso, para la dominación. El que necesitamos debe hacerse para la convivencia, la paz, la libertad y la democracia.

 

Por: Miriam Martínez

@PazAportes

 

 

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