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Lunes, Mayo 20, 2019 - 16:31

Existen dos conceptos que permanecen divorciados y es el de las cifras de seguridad que entregan las autoridades especialmente la Policía y la percepción de la comunidad, y en esta las permanentes denuncias de atracos, ‘raponazos’, estafas, los golpes de los apartamenteros en los distintos sectores de Pasto y otros delitos que atentan contra el bienestar ciudadano.

En el último informe de la Policía Metropolitana, los homicidios bajaron en un 50 por ciento en lo corrido de este año en comparación con el 2018 y otros delitos como el hurto en sus diferentes modalidades presentaban una reducción de más de un 40 por ciento. Muchas veces la gente no entiende esa lectura que si bien sirve para que los comandantes saquen pecho y justifiquen sus acciones, pero entre la opinión pública esas estadísticas pasan desapercibidas.

Lo que sí es real es que los atracos, sobre todo los perpetrados en motocicletas son el pan caliente en distintos sectores de Pasto, a toda hora y al mismo momento en el norte, sur, occidente, oriente y la zona central. Roban las carteras, bolsos y maletines, sobre todo a las mujeres o los estudiantes y adultos mayores, con preferencia para los ladrones los celulares, computadores y joyas, sin que se quede el robo a mano armada de motocicletas y el asalto a las residencias.

Si nos separamos de las estadísticas, que por lo general son mentirosas ya acomodadas, tenemos que buscan indicadores de otras formas, por ejemplo un comportamiento que ha venido en crecimiento y es el de cobrar justicia con mano propia y vemos que estos casi cinco meses ya van más de 30 motocicletas incineradas, las mismas en las que se cometió el robo de alguna pertenencia a un ciudadano cualquiera.

Señores, el hecho de que la Policía no se la encuentre ni para remedio en los sitios en donde ocurre la vulneración de la integridad, hace que el común de la gente ya no confíe en las autoridades y haya tomado una posición, hacer justicia por su cuenta, que todos sabemos es una respuesta peligrosas e ilegal, pero que es producto de la falta de efectividad der los organismos del Estado y esa campeante inseguridad que nos devora en la capital nariñense.

Este fenómeno que lo hemos reprochado y lo seguiremos haciendo, tiende a crecer y no es consecuente con la reacción de la Policía o de las instituciones de la Administración local, mucho menos del órgano Judicial que deja libre por tecnicismos a los delincuentes que son capturados en cuestión de horas, lo cual indigna a las personas de bien, que respetan a la autoridad y cumplen con las leyes.

Desde hace tiempo señalamos que debe abrirse un debate público sobre este tema antes de que se salga de control y ya no sean solo las motos las quemadas sino los delincuentes que caigan en manos de una turba enfurecida. Como ustedes han visto estos casos se han producido en diferentes sectores de la ciudad, como San Ignacio, San Andrés, Villaflor, Santa Bárbara y Fátima, con lo que se puede ratificar que los actos delincuenciales también se han expandido y no sólo se concentran en sitios que normalmente los consideramos peligrosos.

En este análisis se ve que las autoridades han bajado la guardia en las medidas de protección. No hay necesidad de un policía en cada esquina como equivocadamente se exige, sino una acciones contundentes de reacción. Además no se le ha prestado cuidado a un mecanismo supremamente importante y de ayuda en la lucha contra el hampa, las cámaras de vigilancia, puesto que la mayor parte de las instaladas en la ciudad no sirven, como lo reconoció la semana anterior la secretaria de Gobierno municipal, Carolina Rueda.

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