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Sábado, Febrero 16, 2019 - 16:16

La Gobernación de Nariño está en este momento en el ‘ojo del huracán’ por el manejo del Plan de Alimentación Escolar, PAE, al endilgarle negligencia al gobernador Camilo Romero y a su secretaria de Educación, Doris Fajardo, porque no hicieron la planificación adecuada para poner en marcha el programa a comienzo del calendario escolar.

En las sesiones extraordinarias de la Asamblea departamental, en donde se debate una adición presupuestal para el PAE, de 3.190 millones de pesos, el diputado Omar Cerón señaló que la imprevisión conllevó a retrasar el inicio del programa escolar en los 61 municipios no certificados de Nariño.

Este plan tendría algunas inconsistencias o manejos poco claros, por eso fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que estuvieron en Pasto entre el lunes y el miércoles de esta semana para revisar ocho convenios de la Administración departamental, se fijaron en el PAE y pidieron cuentas del mismo en los últimos años.

En su momento la secretaria precisó que la dificultad de haber iniciado el año escolar una semana después de lo planeado radicaba en dos problemas que tuvieron desde 2018, en la adjudicación de los recursos desde el Ministerio de Educación, que según la funcionaria hizo un anuncio el 5 de octubre de que iban a asignar los dineros sin precisar el monto, porque se había anunciado inicialmente que era del 49%, luego en 46% o en 43% y fue solo hasta el 6 de noviembre que el Ministerio de Educación les entregó la resolución que daba certeza del presupuesto que se destinaría.

Frente a los llamados que le hizo a la Gobernación la Contraloría para que se tenga un estudio que permita calcular el valor de la ración escolar, se firmó un convenio PMA para hacer un estudio de mercado en un departamento, pero asegura Fajardo que la firma entregó el trabajo con errores y tuvieron que esperar hasta el 31 de octubre para que se hicieran las correcciones. Esto por supuesto que atrasó la licitación.

El PAE 2019 para Nariño cuesta un poco más de 66 mil millones de pesos y mientras la Nación aporta un 20 por ciento el resto lo asume el departamento, recursos que como vemos son elevados y que necesitan una vigilancia extrema, la cual no se la hace y por eso siguen presentándose anomalías sobre todo en municipios de la costa, el piedemonte y la cordillera.

Esperemos que el Gobierno Nacional no haga efectivo su anuncio de recortar el presupuesto para este programa, lo que conllevaría a que sean los departamentos que asuman toda la responsabilidad, con el agravante que estas entidades territoriales no tienen los recursos para hacerlo.

Por una parte están las investigaciones de manejos que no convencen al Gobierno y a las instituciones de vigilancia como la Contraloría y por otra el hecho de que las autoridades y la misma comunidad no han sido lo suficientemente acuciosos para blindar al PAE de esa serie de irregularidades.

Por ejemplo, en la mayor parte de casos son las mismas administraciones municipales, departamentales y hasta del Gobierno Nacional que se hacen los de la vista gorda al contratar a los mismos operadores que han hecho y deshecho con los recursos de los niños y adolescentes vulnerables y para pasar supuestamente desapercibidos únicamente le cambian de nombre a la entidad contratante. Eso es una vergüenza.

En los municipios se tienen que ajustar las veedurías para impedir que esos pillos, con la complicidad de los servidores públicos, se roben la plata del PAE en detrimento de nuestros estudiantes.

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