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Domingo, Agosto 11, 2019 - 18:25

El 7 de agosto se conmemoró el bicentenario de la libertad de España, terminando con su poder.

En ese contexto se comprueba que en el rastro arrogante y violento del poder es una constante histórica: en Colombia la disidencia y la oposición se pagan con la vida. En otras palabras, el poder no perdona. Y los hechos así lo constatan: Muy temprano, el 25 de septiembre de 1828, los opositores al proyecto bolivariano intentaron matar a su gestor, el Libertador Simón Bolívar.

En 1855 el general José María Melo, última expresión del Ejército Bolivariano y de sus ideales, cabeza del levantamiento de los artesanos por un gobierno que defendiera la economía popular, es desterrado hacia Panamá con otros 200 de quienes hicieron parte del gobierno o del ejército por él dirigido, entre abril y diciembre de 1854. 

El 15 de octubre de 1914, instigados por el –Cardenal primado de Colombia, a punta de hacha, dos sicarios asesinaron a Rafael Uribe Uribe, general liberal en la “Guerra de los mil días”, y única voz opositora en el órgano legislativo de entonces. Treinta y cuatro años después, el 9 de abril de 1948, bajo la descarga a revólver de un sicario, cayó asesinado Jorge Eliécer Gaitán, quien llevaba sobre sí el signo de presidente, el que de acuerdo a todos los vaticinios sería refrendado como tal en las elecciones por realizarse en 1950.

El 6 de junio de 1957 fue asesinado Guadalupe Salcedo, el desmovilizado jefe guerrillero liberal del Llano. Y, más cerca en años, otro líder guerrillero, Carlos Pizarro, también desmovilizado, sufrió el mismo destino, el 26 de abril de 1990.

Un mes antes de que el poder repitiera el método con Pizarro, el 22 de marzo de 1990 cae abatido Bernardo Jaramillo, dirigente y candidato presidencial por la Unión Patriótica. Igual suerte corrieron miles de sus copartidarios –entre senadores, concejales y activistas en general.

En los años 1991-2000 son asesinados cientos de exguerrilleros desmovilizados de la fracción del Eln (Corriente de Renovación Socialista), y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y el M-19, que habían negociado la paz con el gobierno de César Gaviria.

En ese periodo también son asesinados cientos de líderes populares vinculados a organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, A Luchar, el Frente Popular, la Anuc (Línea Sincelejo), el Cric y los sindicatos.

A pesar de la puja y la noticia diaria con expectativa por largos años en la Mesa de Oslo-La Habana, los Acuerdos de paz Gobierno-Farc no cambiaron la constante histórica.

Luego de firmados, y hasta la fecha, van asesinados 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares. Se denuncia que los atentados proseguirán como parte un plan para asesinar a todos los mandos medios con capacidad de sostener una conexión popular, campesina y municipal – un discurso de reivindicación popular radical– y reconstruir y dirigir la otrora estructura armada. La lista que dibuja la mano del poder, con su carácter violento y excluyente, con su odio para toda aquella persona o proyecto histórico que lo intranquiliza o desafía, podría extenderse hasta la náusea, si es que el asco con la constante del poder ya no arqueó el estómago de quien lee esta nota, pero… paremos ahí.

Paramos y nos miramos para intentar recordar por qué olvidamos ese carácter del poder; para intentar comprender el por qué la sociedad colombiana aún no supera la peste del olvido. Una marca letal, ante la cual ni siquiera actuamos como en Macondo: marcando cada cosa para recordar su oficio. En este caso, familia X (gobernantes asesinos), familia Y (gobernantes asesinos) y familia Z (gobernantes asesinos), y así, también hasta sentir el vómito.
Ese olvido, esa amnesia de dos siglos de violencia, muerte y exclusión, nos impide como sociedad recordar que la única alternativa que tenemos para girar la realidad de nuestro país, para que Colombia sea de todos y deje de ser de unos pocos, es la acción mancomunada, identificando con nombres y apellidos los integrantes de una clase, que pese a su poder y minoría, ha controlado el poder económico en Colombia a lo largo de dos siglos, y usufructúa la existencia, acción y venta del narcotráfico, impidiendo la felicidad de las mayorías, hundiendo al país en el rincón del desastre social.

Acción de identidad, hermandad y clase que debe estar acompañada de un proceder social con decisión de construir un país otro a través de miles de experiencias solidarias, cooperativas, con economía incluyente, donde el interés común prevalezca sobre lo particular, y donde la movilización ciudadana con base y fortalecimiento territorial por doquier, de paso al emplazamiento del poder minoritario en cada localidad, y desnudado en su real carácter sea relegado de los espacios que hasta ahora monopoliza.

 

Por. Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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