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Domingo, Mayo 26, 2019 - 18:42

En estos días surge la preocupación por la posible reaparición de los “falsos positivos”, o Falsos Positivos 2,0.

Empecemos por decir que se supone que nuestras FFMM no son una banda de criminales. Eso es cierto. Pero las decisiones tomadas por el alto mando militar y hechas públicas en ‘The New York Times‘ estimulan el regreso a comportamientos criminales que tanto daño han hecho y hemos criticado como ciudadanos. ¿Por qué?

Porque cuando se reducen las exigencias de inteligencia para lanzar una operación letal, cuando se exigen incrementos en el número de bajas, capturas y deserciones o como reza el artículo, cuando se orienta adelantar alianzas con paramilitares, las FFMM avanzan por un camino inaceptable que recuerda la famosa frase: “primero disparen y después preguntan”. 

Estas circulares internas son política institucional suscrita por el alto mando y los hechos criminales cometidos bajo su vigencia no podrán explicarse como actos de “manzanas podridas”.

Por ello, el anuncio de retirarlas por parte del comandante general del Ejército, general Nicacio Martínez alivia y es saludable. Pero el daño está hecho.

Lo cierto es que el “espíritu de cuerpo” como respuesta a las críticas sobre las FFMM agrava sin resolver un debate necesario y de primer orden al que no puede negarse la sociedad.

Discutir la política de las armas es tan importante como discutir los contenidos de la política agraria, el presupuesto nacional, etc.

La misma no es un tema de botas y uniformados. Nos concierne a todos.

Seguridad pública y ciudadana son patrimonio colectivo, más allá del Centro Democrático, de los militares activos o aquellos en uso de buen retiro.

Todos debemos, todos tenemos el derecho de opinión sobre esta política. De lo contrario, las armas no serán de la nación sino de pequeños grupos a los que defienden.

En la historia nacional es innegable que en diferentes momentos, las armas de la nación fueron capturadas por las élites del poder de uno u otro partido histórico.

En 1928 defendieron los intereses de la United Fruit Company; en los cincuenta y previo a ellos, se alinderaron en la violencia partidista; en los setenta salvaguardaron intereses de los azucareros del Valle del Cauca y de los terratenientes en el Caribe cuando aplastaron protestas obreras, estudiantiles y persiguieron a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

En los ochenta se pusieron del lado de los intereses de los empresarios bananeros en Urabá, no del lado de los trabajadores. Institucionalmente se coaligaron con los grupos paramilitares como ha sido probado.

La característica fue defender a los poderosos.

¿Alguno conoce de una masacre de la UP evitada en los 80 por las FFMM? Corríjanme.

Hubo excepciones y frente a la barbarie de los 90 oficiales de diferentes rangos enfrentaron al paramilitarismo. Menciono dos casos: el del general Rafael Colón en los Montes de María y el del coronel Carlos Alfonso Velásquez en la región del Urabá.

Serán la JEP y la Comisión de la Verdad las que ayuden a entregarle al país decisiones que reconcilien, construyan perdón, verdad y tanta justicia como permite el acuerdo de paz.

Por lo pronto, los hechos ocurridos en relación con las FFMM y su debate público deberían ser aprovechados por el Gobierno, por el Congreso y el propio Ministerio de Defensa para construir una política de las armas democrática, que consolide el rol institucional de las FFAA en el alma de cada colombiano. Esta tarea está por construir y sin ella no existe nación.

Consecuencia actual: La propuesta de Acuerdo Nacional que plantea el presidente Duque nace muerta. Es un acuerdo entre los que acompañan al Gobierno como independientes o aliados del mismo. Esa fórmula mantiene la división y es útil solo para el partido Centro Democrático. Un acuerdo nacional es con todos, en especial con la oposición.

 

Por Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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