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Domingo, Marzo 10, 2019 - 12:42

Si en Colombia nos pusiéramos con juicio a protestar por todas las cosas malas que pasan, por las injusticias que se cometen, por los abusos de las autoridades y por los retrocesos que viene adelantando el gobierno en contra de conquistas claves en materia de derechos humanos y de paz y en contra de la economía de los colombianos y de la democracia, y  de mil cosas más, no nos alcanzaría el tiempo sino para eso, tendríamos que dedicarnos a protestar y a protestar  indefinidamente, desde la noche hasta la mañana.

A la mano, literalmente, tengo un motivo nuevo, otro más. Está relacionado con la controvertida ley de financiamiento en vigencia desde hace un par de meses. Un grupo de Senadores ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de la ley, por un tema de impuestos que es necesario entender por las funestas consecuencias que pueden derivarse de allí. Uno de los parlamentarios, José Aulo Polo, nariñense, de Ipiales, hace parte de los demandantes, en buena hora, y fue quien tuvo a bien darme a conocer el contenido del documento preparado por ellos.

Ahora bien, el asunto de que trata la demanda, tiene que ver con la propuesta del gobierno- incluida en la ley- encaminada a crear una especie de impuesto nuevo del nivel nacional bajo el pomposo título “Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple de Tributación”, con el cual se pretende trasladar recursos que tradicional y constitucionalmente han pertenecido a los entes territoriales, con destino al gobierno nacional, no obstante tratarse de impuestos de naturaleza típicamente regional que representan fuentes fundamentales de financiamiento de gastos e inversiones propios de los  departamentos y municipios.

Con la ley, el gobierno busca incluir (integrar dice) el impuesto de Industria y Comercio consolidado (que comprende el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil) al llamado Régimen Simple (un impuesto del orden nacional) trasladando además al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la función de recaudador de los recursos, los que serían girados a los municipios cada dos meses.

De adoptarse la medida, no solo se iría en contra de la descentralización consagrada en la Constitución, sino que se daría al traste con las funciones de legalidad sobre los impuestos territoriales atribuidas a los Concejos Municipales; se iría en contra del espíritu mismo de la Carta en cuanto a la autonomía administrativa, fiscal y presupuestal de los entes territoriales y a favor de modelos centralistas que, aunque no se han superado del todo, habían permitido algunos avances importantes a partir de la aplicación constitucional.

En cuanto a lo económico, se afectaría gravemente la estabilidad financiera de los municipios que tendrían que dedicarse al lobby para exigir la devolución de los recursos oportunamente. No sería extraño, como se afirma en la demanda, que solo los municipios adeptos al gobierno tuviesen esa prerrogativa.

Uno se pregunta, ¿Y entonces para que tanta vuelta? Y claro, las respuestas parecen lógicas, pero son infames: obedecen a razones políticas. Por una parte, para financiar al gobierno nacional -que concentra el poder del uribismo- pagando gastos y haciendo obras a costillas de los municipios. Y por otra, para darle gusto a Uribe Vélez al crear una red de favorecimientos selectivos que terminarían por garantizarle a su partido una subida -como él mismo vaticinó- de las ciento y pico alcaldías municipales que controla hoy a por lo menos quinientas.

El impuesto de Industria y Comercio en la actualidad representa el 25.5% del total de ingresos de Pasto y el 30.5% de Ipiales. Hagamos cuentas.

En todo caso, lo lógico es que se gane la demanda. Pero si no llegase a ser así, tendremos que ser los actores sociales los que otra vez le pongamos freno a los abusos de poder del gobierno. Así están las cosas.

Por Miriam Martínez Díaz

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