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Me opongo tajantemente a lo que está pasando en Ipiales con los migrantes. No estoy segura si será así en todas partes, al menos aquí es un desastre, y tengo razones para creer que lo que aquí ocurre es similar al resto del país.

El esfuerzo de la administración municipal llega a su límite, las ayudas no llegan. Se le carga buena parte del peso a la Cooperación Internacional, pero son esfuerzos que tienen muchos límites, y no solo en recursos físicos o económicos, sino en los alcances de las tareas que realizan. No son respuestas integrales, son solo acciones humanitarias que, aunque importantes, son parciales y de corto plazo.

Los seis albergues que funcionan en Ipiales se están ahogando y la visión con que actúan es restringida y esquemática. Puesto en blanco y negro, con lo que se financian estas instituciones reciben a la gente que les llega en familias, con niños, con personas enfermas, en fin, con muchísimas necesidades, y la instrucción que tienen es que los tengan únicamente por tres días, máximo cinco; luego los dejan a su suerte.

El Gobierno nacional expide decretos, visita las zonas más afectadas, participa de reuniones y planes en los foros internacionales y se muestra conmovido con la situación. De paso hace política contra Maduro y el comunismo internacional, y ya. Se quejan de vez en cuando de que los países vecinos no cumplen, que no quieren ayudar, y ya.

Pero los problemas de fondo no se van a solucionar con pañitos de agua tibia. ¿Qué pasa con la gente después de los tres días? ¿Para dónde se van? ¿Qué probabilidades tienen de salir adelante y progresar sin oportunidades? ¿Para dónde los estamos empujando?

Disipemos esas dudas. Si es difícil salir adelante para nosotros mismos en condiciones “normales” de convivencia, con papeles, con algún patrimonio, sin amenazas xenofóbicas y con el respaldo de  familia y  amigos, imaginémonos como será la suerte de quien no cuenta con nada de lo anterior.

Sacar a la calle a la gente por que “caducó el tiempo de ayuda” o por que hay que evitar lo que llaman “acciones con daño” es un crimen, no solo contra los venezolanos, contra el país. En este momento nadie sabe para donde están cogiendo esos ciudadanos que a diario salen de los albergues. En Ipiales nos pusimos a la tarea de censarlos y caracterizar la población, pero como la gente se tiene que ir, el trabajo es inútil. Las autoridades municipales y nacionales se quedan sin información, atónitas, sin saber que hacer.

Miles de personas desesperadas y acorraladas por la desgracia quedarán forzadas a buscar un medio, cualquiera, para subsistir. ¿Cuántas mujeres y niñas no terminarán prostituyéndose? ¿Cuántos jóvenes serán llevados por la delincuencia organizada a engrosar sus filas en este país donde abundan las mafias y la violencia de todo tipo? ¿Terminarán en las disidencias guerrilleras? ¿ En la indigencia? ¿O muertos? ¿O llegarán a engrosar los peligrosos cinturones de miseria en las ciudades?

¿Es eso lo que queremos? Pongámonos serios. El gobierno tiene que apersonarse de una vez por todas del problema, tiene que conseguir recursos, exigirlos como corresponde a los demás países, los mismos congresistas norteamericanos expresaron hace poco que “Colombia no puede sola y necesita apoyo”.

Tienen que diseñarse planes integrales con apoyo de los entes territoriales. Los albergues, los de la Cooperación y otros que han surgido de instituciones y personas compasivas e inteligentes, deben recibir las ayudas suficientes para que los migrantes permanezcan allí mientras se van abriendo oportunidades.

PD. Anoche pasé tarde por el puente de Rumichaca y encontré varias familias con niños que habían sacado de los albergues… Y pensé, esta “acción sí que hace daño”.

 

Por: Miriam Martínez

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