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Sábado, Julio 6, 2019 - 22:18

…la Corte ya no es una niña inocente, es una adulta que cumple este año sesenta agostos desde su creación…

La figura es perfecta. El gobierno de Duque tuvo la pretensión de meter a uno de sus alfiles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a ver si lograba  ajustarla a las ideas e intereses del uribismo; pero le salió mal, y no porque en las votaciones hubiese perdido su candidato, sino porque por enésima vez la imagen internacional del gobierno sufrió otro revés, esta vez, por andar detrás de una acción marrullera y mezquina que buscaba esquivar los informes y las críticas e investigaciones que adelanta ese organismo en contra de los estados que violan los derechos humanos.

Duque no acierta casi nunca en los nombramientos.  Se le volvió un karma. Por darle gusto al jefe y por mostrase más retardatario y recalcitrante que este, se equivoca.

De ahí que la gente se preguntara que iría a hacer un enemigo acérrimo de los derechos humanos -como Alejandro Ordoñez- en la Organización de Estados Americanos, OEA, una institución interamericana de la que hace parte la CIDH, que es la encargada de promoverlos e investigarlos en aquellos países partes que han adquirido el compromiso de dar cumplimiento a la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Pues ya tenemos la respuesta.  En la pasada Asamblea General de la OEA llevada a cabo en Medellín a finales de junio, el gobierno se aplicó a fondo para sacar adelante la candidatura de Everth Bustamante -el converso exmilitante del M19 y hoy miembro asiduo del Centro Democrático- para colarlo en la CIDH.

El ejercicio tenía sus antecedentes. Poco antes de la Asamblea, los gobiernos claramente derechistas de Argentina, Chile y por supuesto Brasil, habían enviado una misiva a la CIDH con cuatro puntos relativos a sus funciones, en los que se pedía que la Corte aplicara, “un margen de apreciación más amplio en las decisiones que tomaba en el sentido de respetar normas internas de los países en situaciones concretas”. Es decir, una petición para que la Corte flexibilizara caprichosamente sus opiniones e informes en relación con el cumplimiento de las normas aplicables en materia de derechos humanos, y las acomodara a los deseos voluntariosos de los gobernantes de turno conforme a sus intereses particulares y políticos.

Faltaba más: interpretar las normas conforme a los gustos de cada quien, es devolverse a los tiempos de las monarquías o, más recientemente, a los de las dictaduras más oprobiosas, acabando así de un brochazo con el Estado de Derecho.

Pero la Corte ya no es una niña inocente; es una adulta que cumple este año sesenta agostos desde su creación, lo que evita que caiga fácilmente en las trampas que le tienden.

Las postulaciones para el cargo se cerraron en mayo, cuando se completaron los cinco candidatos de diferentes países. La Corte, como es costumbre, puso los nombres a consideración del Panel de Expertos Independientes quienes solicitaron el rechazo de los candidatos de Colombia y Guatemala, en razón a “que los perfiles analizados carecen de experiencia en materia de derechos humanos y no son personas reconocidas por su independencia e imparcialidad, tal como lo exigen los artículos pertinentes de la Convención”.

Razones de peso. Duque pensó que bastaba con politiquear para sacar adelante a su candidato, tal como ha hecho en Colombia para poner en los puestos a los amigos de su jefe obviando calidades y conocimientos; y claro, se ganó un portazo en la cara.

Valga aclarar que el autogol no era para el gobierno -que actuaba a conciencia- sino para el país, que, sin poder opinar, les daba armas a los enemigos de los derechos humanos para atenuar su aplicación desde las instancias internacionales. Por fortuna todo salió bien para el país… y muy regular para el gobierno.

Por Miriam Martínez Díaz

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