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Martes, Junio 25, 2019 - 18:03

Después de que los maestros en un proceso de lucha, en la década de los 70, ganaran el estatuto docente 2277, donde queda definido que el docente es un empleado público de régimen especial, inician un proceso, nuevamente, para materializar ese régimen, el cual lo ganaron 10 años después, expidiendo la Ley 91 en 1989, mediante la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ese fondo, que es exclusivo del magisterio, se nutre de los aportes que por descuento de nómina directo se le hace a los docentes, pero en la relación obrero patronal, por cada peso que le descuentan al docente, el Ministerio de Hacienda debería aportar dos pesos. Es decir, una tercera parte le corresponde al trabajador y dos terceras partes le corresponden al Estado.

Desde luego que siendo los docentes empleados con una estabilidad laboral, y teniendo un escalafón docente que va mejorando paulatinamente sus salarios, la financiación del Fondo debe ser sostenible. Por ello, muchas entidades quisieron el manejo, siendo finalmente la entidad de economía mixta La Previsora a quien se le adjudicara esta responsabilidad, a través de un contrato de fiducia.

En consecuencia, en manos de la Fiduprevisora están las tres prestaciones de un trabajador, que son: las pensiones, al amparo de un régimen especial; las cesantía, que están destinadas a la consecución de vivienda y estudios del docente; y los servicios de salud, que también tienen un carácter de integralidad, que significa que va del servicio básico al más complejo; del más económico al más costoso, todo debe garantizarlo ese prestador.

En el departamento de Nariño, de unos años para acá, vía licitación siempre ha ganado Proinsalud; atendiendo aproximadamente 15 mil docentes, junto con sus núcleos familiares hay 32 mil beneficiarios. Ese contrato en salud, tiene un costo aproximado de 60 mil millones de pesos. Pero, desde unos tiempos acá, el que ha dejado de cumplir es el Ministerio de Hacienda. De unos años, o deja de cotizar, o se atrasa en las cotizaciones, o cotiza parcialmente, y ello ha ido desfinanciando los recursos del Fondo Prestacional del Magisterio.

Ello se refleja en el incumplimiento que se viene haciendo, de manera sistemática y reiterada; por eso a la fecha, a Proinsalud, de los 60 mil millones que importa el servicio, se le adeuda 29 mil millones. Es decir que, se le debe el cincuenta por ciento de los recursos con los que debe prestar el servicio. Sin esos recursos es imposible una prestación adecuada en el servicio de salud para los maestros.

Por ello en el último contrato dejaron de contratar, lo que tiene que ver el régimen de seguridad social, lo que tiene que ver con el riesgo laboral. Es decir que a la fecha nuestros maestros están totalmente desamparados.  Cuando un docente se accidenta, obviamente, nadie responde, y desde luego Proinsalud, porque a ellos esa parte no se les adjudicó.

Y esa deuda significativa impide que ellos cumplan oportunamente con sus proveedores, tanto de medicamentos como de servicios especializados; incluso se ha llegado a incumplir en el pago oportuno de la nómina. Con ese tipo de incumplimientos, la consecuencia la pagan los maestros: el servicio es muy precario, hay dificultades en la asignación de una cita de medicina general.

Pero hay mayores dificultades cuando los docentes deben ser remitidos a especialistas y para atender enfermedades de alto costo. La prestación de un servicio como es de promoción y prevención solamente está en la parte formal. Y de esta manera la salud de los maestros viene resquebrajándose, dejan de atender, se empiezan a negar; se aproximan mucho al régimen de la Ley 100, denominado el ‘paseo de la muerte’: estos amparos no están aquí, estos amparos los cubre otra entidad, desconociendo que el régimen integral del magisterio implica todos los servicios que el maestro demande.

Por: Aníbal Arévalo Rosero

fundacionecosofia@gmail.com

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