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Viernes, Octubre 19, 2018 - 11:59

El solo hecho que el país fuera obligado a preguntarse a través de una consulta si era malo que la gente robe, indica que el nivel moral en nuestra sociedad no da para hacer juicios de valor sobre la democracia o simplemente hablar de otras naciones.

Por ello no es ilógico dentro de esta falta de ética ciudadana que corroe a la clase política que aspire a extender dos años más el periodo de los alcaldes y gobernadores, especialmente cuando lo que se esconde no es nada menos que impedir que puedan triunfar nuevas visiones alternativas. Ese es el meollo del asunto y se esconde en los debates.

Incluso desde el punto de vista jurídico numerosos especialistas han alertado de un golpe de estado legal a la Constitución de Colombia, imitando a aquellos gobiernos que destituyen presidentes o encarcelan candidatos críticos al sistema. Asimismo, impide a las corrientes progresistas avanzar electoralmente.

Además, un sector de la clase política está muy contento de que se permita enriquecer con el presupuesto nacional a los burgomaestres que deben recuperar su inversión en la campaña electoral y salir con un capital suficiente para no preocuparse económicamente: dos años más les permitirían aprovisionarse de nuevos dineros para obtener una compra de votos aceptable.

La democracia implica un juego de elecciones durante periodos determinados y donde los aspirantes puedan exponer sus ideas. Ahora que la posición en contra de la corrupción gana adeptos mayoritariamente, la respuesta es suspender las opciones de la gente buena en el país para dar acogida a aquellos que desean lucrarse de dichas funciones y seguir manteniendo el estatu quo.

Quienes la han propuesto deben ser considerados parte de un sector que no posee una visión comprometida con la nación colombiana. Más bien, sus afanes egoístas se esconden a través de una norma absolutamente antidemocrática imitando a los movimientos fascistas que hoy tienen mucha acogida. La debilidad de los argumentos para sustentarla es abismante.

Alcaldes y gobernadores honestos, senadores y representantes transparentes, liderazgos conscientes, demostrarán su coherencia oponiéndose a una medida sin igual puesto que el pueblo no soporta más guerras, ni pobreza, ni falta de educación, ni posibles enfrentamientos con países hermanos. No se puede agregar otro factor de grave confrontación a Colombia. No es justo ni razonable.

Finalmente: ¿Qué harán los 12 millones de colombianos que votaron contra la corrupción frente a esta medida descarnada?

 

Carlos Santa María

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