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Viernes, Octubre 4, 2019 - 16:32

Cuánta razón le ha dado los acontecimientos relacionados con el crecimiento exponencial del negocio del narcotráfico a lo dicho por una de las hermanas del capo Pablo Escobar, un día después de su violenta muerte en un operativo de la Fuerza Pública en su natal Medellín.

La dolida mujer, al ser testigo de las celebraciones que protagonizaba la mayoría de colombianos que veían con agrado y alivio la caída del sanguinario narcotraficante, nos sentenció: “El tiempo les demostrará que con la muerte de mi hermano Pablo Escobar no se terminará el narcotráfico en Colombia y que por el contrario a lo que muchos ya están suponiendo, crecerá a través de otros liderazgos más difíciles de identificar, ubicar y combatir”.

Tal vez, la idea de Escobar de presentarse a elecciones para la Cámara de Representantes fue un craso error que cometió quien hasta en el tiempo de aparecer sentado en una curul no era reconocido como un narcotraficante, pues con ello se hizo demasiado visible y fácilmente identificable ante los ojos de las autoridades que lo comenzarían a combatir poco más tarde.

Y tan bien aprendieron esa lección en cabeza ajena los nuevos pequeños y medianos capos que empezaron a ocupar los espacios y el territorio dejado por Escobar, que ninguno de ellos, tras amasar una gran fortuna, se le ha ocurrido presentarse como candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, o aspirar a ser gobernadores o alcaldes de capitales importantes del país.

No es que no les interese la política. Por el contrario, les llama la atención y mucho, porque saben que ella representa poder, ganancia de dinero más fácil que producir y exportar coca, pero prefieren llegar a esas instancias en cuerpo ajeno.

Precisamente de eso es que se habla en estos días en los municipios del Putumayo, por supuesto en voz baja, en los cafetines y demás espacios en los que la gente termina siempre hablando de política. En ese territorio no se estaría dando una batalla por los cargos de elección popular con la participación de políticos tradicionales y los pocos nuevos que suelen aparecer cada cuatro años, sino entre contendientes a los que se les sindica, supuestamente, de estar asociados a los intereses del hampa criolla o de grupos armados ilegales.

El ejemplo que lo demuestra es que al menos dos de los tres aspirantes a suceder el fracasado y decepcionante gobierno de Sorrel Aroca Rodríguez, están preocupantemente señalados porque, al parecer, tienen nexos con organizaciones a margen de la ley. La hoy gobernadora es una joven indígena por adopción, quien logró atraer a muchos electores presentándose como una opción de cambio, pero que ha tenido que enfrentar procesos por supuestos hechos de corrupción. Es muy poca la suerte que ha tenido el Putumayo a la hora de elegir sus mandatarios y el futuro amenaza con no ser mejor.

De Jorge Coral Rivas se afirma que perdió el aval del partido Conservador, que prefirió curarse en salud porque al aspirante se lo relaciona con casos de corrupción supuestamente cometidos en su época de alcalde de Puerto Asís y de simpatizar con grupos no santos. Recurrió entonces el aval de un desconocido partido como la Alianza Democrática Afrocolombiana -ADA-, con lo que estaría protagonizando uno de los primeros casos de bacrimpolítica.

A Buanerges Rosero Peña, exalcalde de Puerto Caicedo, se lo sindica de presentar documentos y giros con la firma de un reconocido abogado ya fallecido. Por su relación familiar con un cuñado, desmovilizado de las Farc, se lo asocia con esa organización, antes de convertirse en partido político legal, tras la firma del proceso de paz.

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