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Martes, Diciembre 17, 2019 - 17:02

¿Cómo debemos tomar el anuncio hecho por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Francisco Revelo Unigarro, cuando nos entregó, de primera mano, la noticia que anunciaba la buena nueva a los nariñenses, que después de un año de vivir bajo el monopolio de Avianca, en el mercado de la ruta Pasto-Bogotá-Pasto, esa situación iba a comenzar a cambiar desde el próximo 3 de febrero de 2020?

¿Con total optimismo? ¿Entre la esperanza y el pesimismo? Analicemos el contexto de la información. La gerente en Pasto, de la aerolínea estatal, Elizabeth Vallejo, firmante de un escueto comunicado a la opinión pública nariñense, fechado el 8 de noviembre de 2018, ratificó, de manera irrevocable, que la aerolínea dejaría de operar la ruta Pasto-Bogotá-Pasto.

A renglón seguido -explicó la funcionaria- que “la decisión de retirar los aviones de ese trayecto, obedece a la baja demanda del servicio, situación que no hace rentable nuestra operación”.

Más adelante del escrito, si bien admite que en temporada alta el balance fue siempre positivo, “en el resto del año la utilización ha sido mínima y la empresa está perdiendo dinero llevando a Pasto aviones con una ocupación baja”. Aclaró que la ruta Ipiales-Pasto sí continuará operando de manera normal.

Lo que sí no manifestó la ejecutiva, en ese comunicado, es el gran malestar que sentía ella y sus superiores radicados en Bogotá, es que después de dos claras advertencias que la organización Satena hizo, desde un par de años antes de tomar una decisión radical e innegociable de retirarse de la ruta, los ejecutivos privados y los empresarios siguieron viajando preferentemente en su competencia Avianca.

Lo mismo hicieron los regulares viajeros de la Administración municipal, departamental, quienes también incumplieron el compromiso asumido de darle una mayor prelación a la aerolínea estatal sobre la privada, para que no se fuera, como efectivamente se fue, del aeropuerto de Chachagüí.

Tenemos que ratificarnos en lo que manifestamos en una nota editorial en el momento en que se dio el retiro de Satena, cuando afirmamos que lo sucedido se debe a una culpa colectiva de no haberle cumplido a dicha aerolínea, como se le prometió solemnemente en una reunión pública, que tanto desde el sector privado como el público se iba a respaldar la permanencia de la empresa gubernamental.

Desde ahí los usuarios, tanto de Nariño como del interior del país que viajan de manera constante entre las dos capitales, quedaron al libre albedrío de Avianca, para imponernos los costos de tiquetes que se les antojara en la sede principal de Bogotá, al parecer sin que nadie pueda controlarla y defender los intereses de los clientes.

Esta firma privada ha llegado a cobrar hasta 700 mil pesos por un desplazamiento Pasto-Bogotá. Todo un aprovechamiento, sin rubor, de su monopolio comercial.

La noticia a la que hacíamos referencia, al comenzar este editorial, asegura que la anunciada empresa, caracterizada por ofrecer tarifas de bajo costo en todas las rutas que cubre en el país, Easy-Fly, estará haciendo la cobertura de su primer recorrido desde el aeropuerto de Chachagüí hasta conectar con El Dorado de Bogotá.

Nuestra preocupación, al respecto, es que es inevitable, seguramente después del primer semestre de 2020, que el aeropuerto Antonio Nariño sea cerrado por 3 o más meses, mientras se procede a la intervención a fondo de su pista, que desde hace varios años viene reclamando reparaciones de fondo que, de no hacerse, seguirá significando una gran amenaza a la seguridad de los aviones y avionetas que aterrizan en ella, por las fallas que presenta su superficie en varios puntos.

La inquietud es si la Aeronáutica ya tiene un plan B, práctico, funcional, para que la clientela nariñense y los pasajeros que necesitan viajar de Bogotá a Pasto se trasladen sin mayores dificultades durante ese tiempo. Y sumamos una más para que los responsables de dar una respuesta seria y objetiva, lo hagan: ¿Podremos contar con el San Luis de Ipiales como aeropuerto alterno?

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