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Jueves, Octubre 18, 2018 - 11:16

Estamos de acuerdo con las reformas porque dinamizan a un Estado, pero sin hacerle ‘conejo’ a la legalidad con objetivos poco claros y de querer beneficiar intereses particulares, y eso es lo que se ve el proyecto de ley de ampliar el periodo de alcaldes y gobernadores, que ya pasó el primero de ocho debates en el Congreso de la República.

Este sería el peor golpe al Constituyente Primario que es el pueblo, que fue convocado para elegir unos mandatarios regionales el 25 de octubre de 2015 por un periodo de 4 años que se terminan el 31 de diciembre de 2019, pero como por arte de magia, a estos mismos les quieren regalar 3 años más con el propósito non santo de unificarlos con los comicios presidenciales.

Es decir que el periodo de los actuales mandatarios locales y regionales se extendería hasta el 2022, lo cual es un claro atropello a los ciudadanos que han puesto el grito en el cielo porque los congresistas prácticamente suplantarían el poder del pueblo, algo inaudito y por supuesto anticonstitucional.

La aprobación se dio en la Comisión Primera de la Cámara y ahora el futuro de esta iniciativa lo tendrá la plenaria de la Cámara en donde se hará el segundo debate y antes del 16 de diciembre este acto legislativo deberá superar 4 debates en total.

El proyecto con un firme respaldo del gobierno del presidente Iván Duque, está en el ‘ojo del huracán’ y si bien lo acolitan movimientos políticos, será contraproducente para él, porque se constituye en una afrenta para los electores, porque como han expuesto algunos de los actuales gobernantes que aún guardan coherencia, esto es pretender ganar en el escritorio lo que se no se ganó en las urnas.

La disculpa para que la iniciativa tenga aceptación entre la gente es el ahorrarle al Estado unos 50 mil millones de pesos, si se tiene en cuenta que el proceso en el 2015 costó 434 mil millones de pesos, pero no se puede jugar al populismo con algo tan serio como es la voluntad de la ciudadanía.

Ahora la defensa de quienes apoyan el proyecto es darles más tiempo a los alcaldes y gobernadores para completar sus planes de desarrollo, cuando sabemos que en la mayor parte de casos, así se les diera 10 años más, no lograrían cumplir las metas, porque entre las grandes limitantes por un lado está la falta de recursos económicos y por otra la corrupción que campea en los municipios y departamentos, lo que conllevaría a llenar más los bolsillos de quienes se surten del presupuesto público.

Como sabemos por regla general la ley no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a su sanción y en este caso si se pretende hacer una reforma debe proyectarse con los mandatarios que se elijan en octubre de 2019 y la unificación de periodos empezaría a operar desde el 2028, propuesta que fue descartada en ese primer debate.

Se ve que el interés por favorecer a los actuales alcaldes y gobernadores es político y buscaría garantizar una reelección del actual gobierno, porque como sabemos en nuestro país favor con favor se paga. Esperemos estar equivocados y pensar que se trata de un lapsus de congresistas que en un momento de euforia se olvidaron que existen normas y una Constitución que nos rige para que no pisoteen los derechos, como si estuviéramos en la ley del monte.

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