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Sábado, Julio 13, 2019 - 17:19

El caso de Cumbitara que hasta ayer dejaba un sargento y tres soldados muertos, 7 heridos y cuatro militares desaparecidos, se constituye en un hecho de suprema gravedad, porque no se había registrado un hecho de este tipo y magnitud desde hace 4 años y nos muestra con claridad el escalonamiento del conflicto armado que nos pone en un sendero hacia otra guerra de impredecibles consecuencias.

Durante este año se han dado los campanazos de alerta sobre ese recrudecimiento del conflicto armado, pero ni el gobierno departamental, que llora como plañidera y no hace nada, ni mucho menos el Nacional que sigue con su actitud indiferente hacia Nariño y justificando que esta crisis humanitaria es heredada.

No se ha reaccionado con los permanentes enfrentamientos de las disidencias y grupos paramilitares que se disputan el territorio en municipios del piedemonte, costa y Cordillera en medio de los civiles, lo cual ha generado hasta el momento 14 desplazamientos forzados y confinamientos. Decenas de familias con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que se la pasan corriendo despavoridos en medio de ese descomunal tiroteo que les llega de todos lados.

Tampoco se hizo nada tras la muerte de los dos policías en Cumbal, el intendente Jaime Gustavo Vega Medina, quien era el subcomandante de la Estación en la población, y el patrullero Edison Antonio Muñoz Botina, acribillados el pasado 14 de junio al parecer por hombres del Eln en pleno centro de la zona urbana.

Y siguieron los ataques. El pasado 8 de julio lanzaron un explosivo contra la Estación de Policía de El Charco, en la costa, en donde murió el patrullero Royner Velásquez Palacios, de 28 años de edad, mientras que su compañero, Rómulo Yesid Granja Peña, quedó gravemente herido en una de sus extremidades inferiores.

Cómo hacerle entender al Gobierno Nacional que Nariño padece una crisis humanitaria y que no se trata de solo echar carreta en los discursos, sino en comenzar a resolver esos grandes problemas. No lanzando más leña al fuego sino atendiendo la problemática social que se vive. Por ejemplo, nunca se les cumplió todo lo que se les prometió a los cultivadores de coca, amapola y marihuana, porque el mismo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), producto del Acuerdo de Paz, nació muerto. Ahora se pretende resolver ese gran mal a través de las fumigaciones con glifosato, cuando no se lo logró en 14 años de aspersiones gigantescas.

Según las últimas cifras que entregó las Naciones Unidas, nuestro departamento tiene 60 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito. Señores, esto es una locura y ese es el fondo de esta guerra y toda esa impresionante violencia.

El ataque, emboscada y enfrentamiento en el que murieron los militares en la vereda Yanazara, del corregimiento de Santa Rosa, en Cumbitara, es el botón de una nueva era del conflicto armado, que se pudo contener y lo no lo hicimos. Tuvimos la paz en nuestras manos y la dejamos escapar como agua entre los dedos.

Ahora nos imaginamos que las medidas serán la de llenarnos de más tropas y tener justificación para lanzar toneladas de glifosato, sin contemplar que todo el meollo de este fenómeno de siete cabezas que nos devora tiene cada día más fuerza por el abandono del Estado a esas regiones del Pacífico, el piedemonte y la Cordillera, y porque la inversión social se contempla como un segundo plano.

Si a este maremágnum de violencia y rezago no se le pone el pecho con soluciones serias y reales, definitivamente nos esperan otros 50 años de guerra.

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