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Miércoles, Enero 16, 2019 - 16:36

El once de enero mire un episodio que es muy explícito más no generalizado. Algunos manifestantes quemaron la bandera de la Fiscalía General de la Nación. No tengo recuerdo temprano de haber visto algo similar. Podrán decir que fue un acto simbólico de los “desadaptados”. Sin embargo, el país sin memoria ha olvidado las nutridas movilizaciones anticorrupción y está relegando a un pirómano instigador del terror (hoy embajador en la OEA). La ilegitimidad del Fiscal Odebrecht es bastante elevada, gracias a su cinismo que ha manchado y contaminado con la copro-cracia a todo el conjunto oficial de investigación colombiana. Vergüenza mundial. Desfachatez sin igual.

Copro-cracia: Parte de las instituciones o el poder que están corroídos por los desechos. Fragmentos del Estado social de derecho en el fango pestilente de la corrupción y el crimen. Gobierno, gerencia o dirección de los sin escrúpulos o quienes dejaron de sentir asco al descarriar sus valores o porque perdieron la capacidad de ser ciudadanos de bien. El nauseabundo olor de aquellos o aquellas que creen que sus actuaciones ilegales y mafiosas son normales (termina por contaminar a los buenos). Viene entonces el riesgo de una administración de lo anormal, de lo inconstitucional, de que ser “pillo paga” y “el que la hace lo premian”.

Por respeto a lo que queda de credibilidad en el establecimiento de lo judicial, investigativo y de control, el Fiscal Odebrecht debe renunciar de inmediato y esclarecer todo el manto de duda que de él existe sobre los sobornos de la empresa brasilera y por la misteriosa muerte de los testigos clave, todos a razón de una pócima de cianuro. El mismo letal veneno que fue utilizado masivamente en los campos de exterminio nazis durante el horror del holocausto. La mafia colombiana estrato cinco y seis, fiel discípula de Hitler, de Cristóbal Colón, de los generales Pablo Morillo y Sámano. También de Nerón.

Mafias que se han tomado diversos escenarios. No solo es el cartel de la cocaína o la heroína. También es el cartel de la Toga (los magistrados, mayores administradores de Justicia), de la parapolítica (199 parlamentarios acusados, 42 presos y 519 funcionarios sancionados por vínculos con las AUC), de las interceptaciones telefónicas ilegales, de la hemofilia. Cartel del cemento, del sodio, de los pañales, de las pensiones, de los cuadernos, del arroz, del azúcar. Así un sinnúmero de organizaciones delictivas, empresas, gerentes, directivos, profesionales, políticos, todos con el afán de enriquecerse.

Pareciera que el concierto para delinquir es el aprendizaje de la era Pablo Escobar, que aún sigue vigente desde el estrato uno hasta el seis. Aquí uno se queda desconcertado, cuando escucho criticar las acciones de los estudiantes “encapuchados” acusados de “terroristas”. Siempre viene a mi mente casos como el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y su esposa, acusados de concusión y despojo de tierras. O de las sumas millonarias que pedía a manera de soborno el jefe de la Unidad Anticorrupción Gustavo Moreno que hoy está encarcelado.

¿Pregunto quién está haciendo daño? El estudiante que exige más presupuesto para su Universidad o el togado que se la roba.

Por Harold Montufar

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