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Sábado, Julio 28, 2018 - 16:00

La violencia en sus diversas modalidades, la implementación del posconflicto con las Farc, los escándalos de corrupción en sus distintas esferas, la bipolarización del país por los enfrentamientos políticos, son algunas de las situaciones que acaparan la atención de los colombianos, cuando no está de por medio un evento deportivo de trascendencia internacional en que se destaquen nuestros deportistas.

Mientras eso sucede, las autoridades parece que no se están dando cuenta que “en las zonas marginales de las ciudades, se presenta una evidente descomposición social que se apodera de nuestros jóvenes ante la pasividad del Estado que aún ni siquiera identifica el problema”.

Las pandillas es uno de los flagelos de aquella descomposición social que hoy en día cobra fuerza en casi todas las ciudades capitales e intermedias del territorio nacional y que merece ponerle todo el cuidado necesario de cara al proceso de desmovilización que se ha obtenido con las Farc y posiblemente con el que se tendrá con algunos integrantes de las bandas delincuenciales (bacrim).

Hacer caso omiso a dicha problemática, podría conllevar, según muchos analistas de esta temática, a que las pandillas se conviertan en el caldo de cultivo para el nacimiento de nuevos grupos al margen de la ley y, por ende, a que haya un recrudecimiento de la violencia en un escenario urbano y ya no rural, tal y como ocurrió en México, en donde la guerra hoy es en las ciudades.

 Si bien en un principio a “las pandillas no se las puede catalogar como unas auténticas bandas criminales ni organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, dado que en su mayoría están conformadas por adolescentes; lo cierto es que en ellas se presenta un elevado consumo de drogas alucinógenas, participan en el negocio del microtráfico y sus actos delictivos están relacionados con hurtos y enfrentamientos entre distintos bandos”.

Sin embargo, el problema no se está quedando sólo allí. Sigue adelante y con el paso del tiempo está adquiriendo otras connotaciones, en virtud a que muchas pandillas ya aparecen vinculadas a hechos delictivos más grandes que incluyen sicariato, fleteo, robo de autos, extorsión o secuestro, en nexos con organizaciones mayores del crimen.

Aunque no se cuentan con datos exactos sobre la existencia de pandillas en Colombia, en diferentes espacios en los cuales se está se trata y se aborda el crecimiento y el desbordamiento de esas agrupaciones, se habla que podría haber unas ocho mil con unos 50 mil integrantes que estarían haciendo presencia en sectores marginales de las ciudades.

En Pasto, por ejemplo, tampoco se conoce con exactitud cuántas hay. Todo se limita a ubicarlas en barrios de estratos uno, dos y tres que conforman las diversas comunas, en donde se han hecho visible la frecuente reunión de jóvenes y sus peleas territoriales.

Pero la verdad es que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en la última década en el país se han registrado 873 muertes por pandillas y 2.516 lesionados y, además, en los últimos seis años se han aprehendido más de mil jóvenes de 14 años en flagrancia por delitos y contravenciones cometidas, quienes, amparados en el Código de Infancia y Adolescencia, no son responsables penalmente; sin embargo, son enviados para su resocialización a Centros Especializados del Icbf, desde donde en varias oportunidades se fugan.

Frente a ese panorama que se acaba de describir, cabe preguntarse, entonces: ¿en manos de quién o quiénes está evitar que las pandillas sean la “semilla” de la violencia en las ciudades?

 

POR: LUIS EDUARDO SOLARTE PASTAS

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