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Martes, Diciembre 18, 2018 - 14:31

Poca, casi nula ha sido la atención y mucho menos la difusión de la angustiosa voz de socorro lanzada por los alcaldes de Leiva, Cumbitara, Rosario y Policarpa, de la zona cordillera de Nariño, ante la desatención de Estado, con sus gobiernos nacional y departamental ante los problemas sociales y de orden público de sus municipios que, por su magnitud, no alcanzan a ser solucionados por los alcaldes, a pesar de hacer todos esfuerzos posibles. Por esta razón, desde esta columna no solo los comprendemos y consideramos justo sus reclamos que le hacemos difusión al hecho.

Como afirman los alcaldes, la zona cordillera de Nariño durante décadas ha sido víctima de innumerables situaciones de orden público, social y comunitario con incalculables efectos humanitarios en la población civil y que en la coyuntura actual, debido a la desatención histórica del Estado colombiano, tienen una marcada tendencia hacia la agudización de la problemática social y de orden público por la presencia de grupos armados que siembran el terror en la zona, con el consecuente incremento de la revictimización.

El fuerte llamado de atención expresado por los alcaldes el pasado 2 de diciembre, en la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las Alertas tempranas (Ciprat), realizado en Policarpa, cuando notaron la poca atención del Comité a la problemática cordillerana, por parte del comité, de tal manera que los cuatro alcaldes cordilleranos, como voz de protesta, decidieron levantarse de la mesa de trabajo para además no legitimar la inoperancia del espacio de discusión que teóricamente da el comité.

En concreto, los de la zona cordillera de Nariño han manifestado su preocupación por la “agudización de la problemática social y de orden público” que ha generado homicidios, desplazamiento, desaparición forzada, reclutamiento de menores, entre otros, en esa región de Nariño.

Como se ha planteado, según mencionaron los alcaldes, en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) realizado el 2 de diciembre del presente año en Policarpa, no se evidenció un interés especial en solucionar este fenómeno. Por ende, solicitan al Gobierno Nacional prestar un mayor interés en este grave flagelo, a través de una presencia integral del estado, sin limitarse a la presencia militar.

Lo expuesto fue claramente explicado por un comunicado emitido y firmado por los cuatro alcaldes en mención, en el cual, luego de hacer un apropiado resumen de las circunstancias remotas y de las acontecidas en la reunión de Comité, exponen los puntos que reclaman se cumplan.

En ese “memorial de agravios” los alcaldes reclaman concretamente los siguientes aspectos que es de es de esperar que hayan sido arados en el mar de la atención del Estado.

Exigen los funcionarios citados, por una parte, la realización de un nuevo Ciprat donde participen funcionarios con capacidad de decisión y con disposición de generar articuladamente con los municipios y el departamento las estrategias que permitan generar alternativas de solución coherentes técnica y financieramente, ajustadas a la capacidad de cada municipio.

Que a las próximas reuniones asista la Procuraduría General de la Nación, inexplicablemente ausente hasta ahora, a la vez que con su ausencia omiten los efectos de no participación de entidades descentralizadas y ministerios para el cumplimiento de los comités de alerta y que en últimas afectan directamente a la población civil de la zona rural y urbana de los municipios de cordillera.

El llamado enérgico de los alcaldes busca sinceramente que desaparezcan por fin de Nariño las organizaciones en situación de riesgo, sobre todo entre comunidades negras, mesas municipales de víctimas, resguardos indígenas, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y políticas, movimientos juveniles, estudiantiles universitarios, comunidad Lgbti, además de organizaciones de derechos humanos; quienes desarrollan su actividad social en sectores como la costa pacífica, los municipios de la cordillera, el sector fronterizo, subregión de Abades y organizaciones con sede en Pasto.

De acuerdo con organismos especializados, de investigación, sobre todo universitarios, en Nariño, sobre todo en la región de Cordillera, no se ha terminado con el estado de violencia como era común con las Farc.

Afirman los estudios que las amenazas en contra de personas y organizaciones siguen siendo evidentes través de panfletos, sufragios, mensajes de texto, llamadas telefónicas, amenaza directa, por parte de estructuras que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Águilas Negras, Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Gente del Orden, El Nuevo Grupo, organización sicarial del Pacífico, el Clan del Pacífico. Así como disidentes de las Farc-EP, Bloque suroccidental del Epl, Eln.

El Gobierno debería interesarse por el olvido y abandono en que tiene las regiones nariñenses.

 

Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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