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Martes, Agosto 13, 2019 - 16:35

Ahora esperemos cómo se comporta el operador. Tanto los veedores comunitarios como los organismos de control tienen que estar con los ojos súper abiertos ante cualquier manejo anómalo.

La terquedad no puede funcionar con la razón y la objetividad, mucho menos cuando se trata de la administración pública y de los recursos de todos los contribuyentes, por eso nos admira e indigna la actitud improcedente e insensata del gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, de haber contratado el Plan de Alimentación Escolar, PAE, con un operador cuestionado y procesado jurídicamente por corrupción.

El mandatario, tal vez por su ego y salir del paso, contrató con la unión temporal Nariño primero 2019, la misma a cuyas fundaciones que la integran se les ha decretado caducidad y el representante legal tiene medida de aseguramiento señalado de manejos corruptos con el PAE en otras regiones del país.

Es increíble que Romero Galeano haya pasado por la faja las advertencias y recomendaciones del procurador primero delegado, Camilo José Urrego, quien le hizo conocer del riesgo que existe al contratar con dicha firma, porque se trata de jugar con la alimentación de los niños y adolescentes, que en el caso del departamento de Nariño son 170 mil estudiante de los 61 municipios no certificados.

El argumento del gobernador también es irresponsable, porque afirma que sus asesores jurídicos le dijeron que no había problema contratar con esa empresa. Esto es increíble y para ser descriptivos es como si dejáramos a una oveja con un lobo encerrados en un establo y el granjero garantizara que la fiera se va a portar bien y no devorará al rumiante, porque le han dicho que es vegetariano. No podremos tapar su naturaleza de depredador, al igual que la del corrupto, que siempre actuará como tal.

En este periodo escolar por dificultades con el PAE la Secretaría de Educación ha aplazado el calendario escolar en cuatro oportunidades, la última fue en el regreso a clases luego de las vacaciones de medio año (5 de agosto) que fue postergada una semana porque aún no se tenía lista la contratación con el operador, e incluso cuando reanudaron las labores, durante una semana no tuvieron sus raciones.

Esta es una verdadera improvisación de la secretaria Doris Mejía Benavides, que ha dejado en evidencia su incompetencia, porque debió prever este tipo de imprevistos que se ha vuelto costumbre en esta administración con el manejo irregular del plan en detrimento de los estudiantes beneficiarios.

Señores, esa plata no es de su bolsillo, es del erario público y deben cuidarla para no ponerla en riesgo al entregarle el manejo de la alimentación a entidades cuestionadas.

Uno de nuestros columnistas, el periodista José Arteaga, quien reside en España, decía en su último escrito que “si existe el mínimo cuestionamiento sobre un licitante, así no sea de forma directa, su propuesta no debería ser tenida en cuenta”.

Abordó este tema al plantear que en ese país europeo los dineros de la alimentación escolar son sagrados y son manejados con una transparencia evidente, porque toda la comunidad conoce qué se hace hasta con el último peso.

Precisa el columnista que en eso no es fortuito, sino producto de un orden, del respeto de las normas y por los recursos públicos. En ese sentido primero se consulta a la comunidad y en este caso principalmente a los padres de familia, pero en Nariño lo hacemos a la topa tolondra, con intereses creados y lo menos que pensamos es el preguntarle a la gente si el contrato a establecerse es el correcto.

Otro ingrediente a esta situación poco transparente es el hecho de que estos contratos se han hecho sin poner de antemano que los operadores del PAE están obligados a utilizar todos los productos alimenticios de la región, como una forma de beneficiar a sectores como el campo y las microempresas, pero como sabemos estos se traen de fuera y nuestros productores y empresarios solo quedan de espectadores.

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