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Viernes, Noviembre 9, 2018 - 12:29

A un mes del paro de las 32 universidades públicas ya se siente un ambiente de angustia entre los mismos estudiantes y en general toda la comunidad universitaria, porque está en riesgo de perderse el semestre, con todo lo que eso implica en gastos y perjuicios. Hacemos un llamado a las partes a volver a la mesa de negociaciones y comprometerse con una solución rápida, viable y efectiva.

Los estudiantes siguen reclamando el derecho a una educación superior pública de calidad y para eso, según se ha expuesto, debe haber un presupuesto adecuado porque en este momento todas las universidades públicas del país registran un déficit que a la mayoría las tiene ad portas de cerrar, pues se ha explicado con cifras y razones que llegaron a un límite y que la situación va a empeorar porque no hay la capacidad presupuestal de maniobra en los próximos años.

Argumentan que si el problema no se soluciona a tiempo la educación superior llegará a un colapso y desaparecerá, es decir se cumplirá el deseo de algunos sectores gubernamentales de privatizarla.

Para volver a explicar la situación, el meollo del asunto está en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y, según lo que exponen las directivas de las universidades, los legisladores nunca pensaron en su crecimiento y a la fecha existe un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura. Como es lógico, estos claustros educativos no se quedaron quietos.

Siempre exigimos que nuestras universidades sean competitivas y estén bien ubicadas en el ámbito internacional, sin embargo estas sobreviven con las uñas, como el caso de nuestra Alma Mater de Nariño que en este momento tiene un déficit superior a los 500 mil millones de pesos, que son los mismos recursos que inicialmente aprobó el Gobierno en el Presupuesto General de la Nación para la educación pública. Pero de estos recursos solo 58 mil millones llegarían directamente a sus arcas.

Si queremos un país en evolución y competitivo en este mercado global el Estado debe fortalecer la universidad pública, pero no solo de nombre sino brindándole excelente infraestructura, fortalecimiento de la investigación, laboratorios, formación docente para doctorados e internacionalización.

En el presupuesto general para 2019, que contará con 258,9 billones de pesos, 46,5 billones, alrededor del 19%, son para la educación, sin embargo vemos que a las universidades les llegan rezagos y gran parte de esos recursos se los entregan al Icetex y otra buena parte para el programa Generación E (antes Ser Pilo Paga), que está dirigido a las universidades privadas, cuando ayudaría muchísimo esa inyección que anhelan las públicas.

Este es el momento para que la clase política del país, los gremios, alcaldes y gobernadores se hagan sentir y defiendan su universidad pública, al punto de exigirle al Gobierno una financiación digna y evitar que miles de estudiantes, más de 12 mil en Nariño, pierdan el semestre cuando se trata de una justa lucha, porque si no fuera por su férrea posición estos claustros estarían destinados a desaparecer.

Apoyar a la universidad pública es abrir camino y darle luces al futuro de nuestras regiones y el país en general.

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