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Domingo, Julio 21, 2019 - 18:07

Este domingo dedicamos nuestras reflexiones a tres grandes aspectos que se hacen presente en estos días, temas que tienen que ver con las paz, el presupuesto de Pasto y la salud de los docentes del sur.

Sobre el primero, la paz en el departamento, planteamos que el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc logró sacar del conflicto al actor armado más importante del país. Sin embargo, las causas de la guerra se mantienen. La pobreza, ausencia del Estado y narcotráfico siguen siendo los factores que alimentan el fuego de la violencia.

En Nariño, con la salida de las Farc se multiplicaron los grupos armados y se agudizó la guerra. Por su parte el Eln recuperó su fuerza, mantuvo sus territorios históricos y ocupó unos nuevos. Precisamente en Samaniego atacaron en estos días y antes, esos lugares se sintió un paro armado con el bloqueo a las vías, Túquerres-Samaniego y Pasto-Tumaco.

Así, el Eln retó a la institucionalidad. El gobierno nacional respondió con presencia militar, y los nariñenses volvieron a sentir miedo e incertidumbre sobre lo que pueda pasar en la región. Se requiere la atención integral e inmediata del gobierno nacional. Desde lo regional es ineludible disminuir las brechas sociales existentes en el departamento. Se deben priorizar las subregiones en donde el conflicto se manifiesta con mayor dureza. No se puede esperar la respuesta del gobierno central.

El segundo tema refiere a una especie de contradicción. Si uno de los principales problemas de la descentralización en Colombia es la transferencia de responsabilidades a los municipios sin los suficientes recursos públicos para cumplir con las obligaciones. En este sentido, los municipios de Nariño siempre han reclamado al gobierno nacional por más recursos para ejecutar los proyectos estratégicos.

En tal sentido, resulta inquietante que la Alcaldía de Pasto deje de aprobar y ejecutar cerca de 20 mil millones de pesos ($19.324.850.574) que tiene asignados, según el Sistema General de Regalías.

Estos recursos podrían destinarse para invertir en múltiples sectores. ¿Por qué no utilizarlos en resolver necesidades que tienen los pastusos?

Finalmente consideramos que después de que los maestros en un proceso de lucha, en la década de los 70, ganaran el estatuto docente 2277, donde queda definido que el docente es un empleado público de régimen especial, inician un proceso, nuevamente, para materializar ese régimen, el cual lo ganaron 10 años después, expidiendo la Ley 91 en 1989, mediante la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por ello, muchas entidades quisieron el manejo, siendo finalmente la entidad de economía mixta La Previsora a quien se le adjudicara esta responsabilidad, a través de un contrato de fiducia.

En el departamento de Nariño, de unos años para acá, vía licitación siempre ha ganado Proinsalud; atendiendo aproximadamente 15 mil docentes, junto con sus núcleos familiares hay 32 mil beneficiarios.

Ese contrato en salud, tiene un costo aproximado de 60 mil millones de pesos. Pero, desde unos tiempos acá, el que ha dejado de cumplir es el Ministerio de Hacienda. De unos años, o deja de cotizar, o se atrasa en las cotizaciones, o cotiza parcialmente, y ello ha ido desfinanciando los recursos del Fondo Prestacional del Magisterio.

Ello se refleja en el incumplimiento que se viene haciendo, de manera sistemática y reiterada; por eso a la fecha, a Proinsalud, de los 60 mil millones que importa el servicio, se le adeuda 29 mil millones. Es decir que, se le debe el cincuenta por ciento de los recursos con los que debe prestar el servicio. Sin esos recursos es imposible una prestación adecuada en el servicio de salud para los maestros.

Y esa deuda significativa impide que ellos cumplan oportunamente con sus proveedores, tanto de medicamentos como de servicios especializados; incluso se ha llegado a incumplir en el pago oportuno de la nómina. Con ese tipo de incumplimientos, la consecuencia la pagan los maestros: el servicio es muy precario, hay dificultades en la asignación de una cita de medicina general.

Esta situación no solo se vive en el departamento de Nariño, y no solamente es con la Fiduprevisora, es con todos los prestadores de servicios de salud, y no solamente es el servicio de salud. Hoy se han tomado medidas unilaterales en materia de cesantías. Las cesantías son una responsabilidad directa de la Fiduprevisora.

Todo hace prever que el problema de fondo es la desfinanciación de la Fiduprevisora que, en 30 años de la Ley 91 de 1989, el manejo de los recursos y rendimientos financieros ha llegado a un colapso y a un desequilibrio financiero. De tal manera que el riesgo que hoy corren los maestros es que se pueda acabar lo que se ganó en un proceso de negociación, que es un régimen especial. Lo que antes significaba tener un fondo propio pero sólido, hoy está en esa inestabilidad financiera.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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