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Domingo, Febrero 9, 2020 - 16:32

Colombia cerró el 2019 con una cifra récord de cultivos de coca: según los cálculos de diferentes fuentes de medición, en el país hay por lo menos 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que se ha convertido en un verdadero desafío para el Estado. Pero gran parte de esa extensión está en la región de Tumaco. Hectáreas sembradas con coca ponen a Tumaco en el deshonroso primer lugar de los municipios con más cultivos ilícitos, por lo que es necesaria una solución. Sin embargo, para aplicarse la aspersión aérea, el gobierno debería concertar su uso con la comunidad.

Pero pensamos los que creemos que el problema, el mal de los cultivos ilícito no se resuelve con aspersiones de glifosato, y que en su conjunto, la población de Tumaco y de todo Nariño puede contribuir para hallar una solución racional y humana.

No obstante, en su visita a Tumaco, el presidente se comprometió a usar el glifosato “con precisión y precaución”. Es necesario “combinar distintas herramientas” en la lucha contra los cultivos de droga, dijo y agradeció la oferta multimillonaria de una corporación estadounidense. Duque reiteró su idea de erradicar de nuevo con glifosato y EE.UU. ofrece US$5.000 millones de inversión.

Al respecto, cabe mencionar que mediante una carta dirigida a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, planteó sus reparos al proyecto de reanudación de aspersiones aéreas con glifosato, “como parte de un proceso preventivo de defensa de los intereses de la sociedad”.

Carrillo le pidió a la funcionaria que se respeten los protocolos que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias, las cuales definen el conjunto de requisitos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas.

El jefe del ente de control consideró que la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato “debe incorporar un mecanismo de protección al medio ambiente” y los intereses de la sociedad, por lo que se deben respetar los protocolos fijados por el alto tribunal, particularmente en la sentencia T-236 de 2017.

 “Allí existe un conjunto de requisitos mínimos que constituyen ese protocolo y que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas y esos reparos tienen que ver con el principio de precaución”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

Carrillo advirtió que el proyecto no presenta elementos claros para armonizar las medidas de sustitución voluntaria con la reanudación del método de erradicación con glifosato, ni estrategias dirigidas a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten de los cultivos de uso ilícito.

Señaló que por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos se ha insistido en la ejecución de estrategias que permitan hacer efectivos los procesos de participación ciudadana, fundamentales para que las comunidades étnicas tengan conciencia de las repercusiones de la aspersión.

Por otra parte, se recuerda que en contexto la Corte Constitucional mantiene restricción al uso de glifosato.

En sentido contrario, también, desde esta región, que tiene el mayor número de hectáreas cultivadas con coca, se reiteró la negativa al uso del herbicida.

Consultores de prestigio afirman que “el gobierno, que asume la responsabilidad de usar el glifosato, debe garantizar que no haya riesgo para las personas y el medio ambiente, con lo que se reafirma la ponencia inicial. Además la sentencia ha deteniendo un punto que es fundamental, cumplir en punto cuarto del acuerdo, eso obliga al gobierno a cumplir a los campesinos que están inmersos en el proceso de sustitución voluntaria a través del Pnis”. 

Así mismo, autoridades del municipio de Tumaco, incluso la Iglesia católica, advierten sobre las consecuencias que traería el proyecto para reactivar el uso del químico.

En resumen ellos coinciden en expresar una exigencia. Así. Expresan: “Nosotros exigimos al gobierno nacional que se adopten las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T236 del 2017 frente a las consecuencias nocivas que trae el uso del glifosato a la salud”.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez 

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