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Sábado, Septiembre 21, 2019 - 16:50

En lo que se constituye en un pésimo antecedente en detrimento del buen nombre del departamento de Nariño, la Corte Suprema de Justicia llamará a juicio al gobernador Camilo Romero para que responda por presuntas irregularidades que se habrían presentado en la comercialización del Aguardiente Nariño.

Ese llamado a juicio es el resultado de la acusación que formuló la Fiscalía General de la Nación al ser detectadas las inconsistencias en 2016, por las cuales no solo se sindicó a Romero, sino al gobernador encargado Mario Benavides, quien también tendrá que ir a juicio.

Es cierto que en torno a este escandaloso episodio la Justicia todavía no ha hecho un pronunciamiento definitivo en el que se culpe o exonere a los dos importantes funcionarios, pero lo que es indudable es que el solo hecho de que el gobernador titular y el encargado estén involucrados en un asunto tan turbio como este, deja mucho que desear e igualmente mucho que pensar en torno a la actual Administración departamental.

No es para menos si se tiene en cuenta que los delitos de los que están siendo acusados son los de haber hecho contratos sin los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público y asociación para perpetrar un delito contra la administración pública.

Nos estamos refiriendo a una serie de situaciones abiertamente delincuenciales en las que bajo ningún punto de vista tendrían que estar involucradas las dos personas más importantes en nuestro departamento de Nariño, y de ahí precisamente el daño y deterioro de imagen que en estos momentos perjudica de manera grave el nombre de la región.

Pero lo cierto es que las investigaciones de la Fiscalía indican que en el 2016 un total de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño, cuyo valor ascendió a 18 mil 901 millones de pesos, fueron entregadas de manera irregular a un solo proponente. Fue una acción que originó protestas y la consiguiente demanda que permitió la apertura de la investigación que hoy tiene en delicados problemas al mandatario Camilo Romero y al gobernador encargado de esa época Mario Benavides.

En ese sentido no deja de ser bochornoso el que aparte del escándalo que envuelve a Romero y Benavides, en desarrollo de las investigaciones la Fiscalía allanó las viviendas de los hermanos del gobernador, Pablo Romero y Natalia Romero, así como las de 5 grandes empresarios de licores.

También es vergonzoso saber que la subsecretaria de Rentas del departamento, Adriana Amaya Buitrago, fue una de las protagonistas de este gran escándalo que hoy vuelve a sacudir los cimientos de la Gobernación de Nariño. Hoy, luego de todo lo que ha pasado, la exfuncionaria sería uno de los testigos en contra del mandatario, lo que contribuye a darle una mayor sordidez a este asunto.

Es una verdadera lástima que el mandato del gobernador Camilo Romero vaya a terminar en medio de estas lamentables situaciones, pero ya sabemos que desde el comienzo de su administración no han faltado los cuestionamientos.

Ahora lo importante es que haya claridad en torno a este polémico caso de los licores, que tanto daño le ha hecho al prestigio de Nariño.

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