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Jueves, Marzo 14, 2019 - 09:24

La Ley de Fronteras del 91 constituyó un canto a la bandera, un rosario de promesas consignadas por los políticos de turno tal vez para reclamar como premio unos cuantos puñados de votos.

Uno de los temas de mayor interés y debate para los nariñenses en estos días ha sido el descontento y la desazón generalizada que sentimos los habitantes de esta tierra sureña pintada con el verde de todos los colores, como lo diría nuestro gran poeta venteño Aurelio Arturo, tras la decepción que nos causó enterarnos que el actual Gobierno nos borró prácticamente de su plan de desarrollo cuatrienal, condenándonos a no tener ningún avance hacia el logro de metas económicas y sociales durante su gestión.

Se pone en evidencia, por enésima vez, la ignorancia crasa de los gobernantes que en suerte hemos tenido en los últimos lustros, quienes han desconocido olímpicamente la enorme importancia que tienen las fronteras de un país no solo para garantizar su soberanía, sino también para ser despensa y uno de los motores de su desarrollo económico y social.

Para que lo recuerde el presidente Iván Duque, si es que algún día lo aprendió y para que lo tengan en cuenta los gobernantes que lo sucederán, traemos a colación una definición de fronteras, expresada por los expertos.

“Las fronteras de un país son tema primordial de su normatividad, desde tiempos inmemoriales. Las fronteras no solo son territorios expuestos al peligro, sino también motores de su desarrollo, si los gobernantes se las toman en serio y les reconocen su innegable importancia”.

Por ello Colombia, incluso antes de la expedición de la Ley 191 de 1995, ya había contado con una estructura normativa que tenía como objeto la regulación de las fronteras, destacándose entre otras normas la Ley 10 de 1983 y los decretos 3448 del mismo año y 1944 de 1984”.

Fue el anuncio de otra amenaza, una más de las tantas que hemos tenido que soportar los nariñenses por parte de los gobiernos que nos han querido quitar los subsidios al precio de la gasolina que consumimos, el factor que puso en boca de muchos el recuerdo de la llamada Ley de Fronteras de 1995, derogada nueve años después por una nueva normatividad fronteriza.

Pero en lo que queremos ahondar un poco es en manifestarle al señor Presidente que no nos puede quitar tal vez lo único que nos deparó la Ley 191 de 1995. Los subsidios a la gasolina y el acpm, pues no es uno solo, tal como lo explica la Cámara de Comercio de Pasto.

También por cuenta de la Ley de Fronteras, por unos años, nuestra capital y nuestros pueblos se llenaron de carros ecuatorianos, que gracias al cambio su precio se abarató en Ecuador y fueron muchos los nariñenses que hicieron un buen negocio al adquirir competentes vehículos a un costo ventajoso. Cuando la situación cambiaria cambió, los carros ecuatorianos, así como vinieron, se regresaron a su país.

Si se hubiesen cumplido, 9 años más tarde no habría sido necesario que en el Congreso, con el entusiasmo de otros políticos que querían darse también su baño de popularidad, lograron sacar otra ley de fronteras. Corría el 19 de junio de 2014 y, como si fuese la misma película pero con distinto nombre, decenas de promesas volvieron a consignarse en un mismo documento, prácticamente las mismas de la ley anterior y tal como van las cosas, no se convertirán en felices realizaciones.

Dos detalles, azarosos por cierto, nos demuestran que el poder central poco y nada nos tiene en cuenta. Al presidente Juan Manuel Santos no le importó dejar desfinanciada y tirada a su suerte la variante San Francisco-Mocoa, para la que él mismo, lleno de entusiasmo, asignó una partida de 450 mil millones de pesos para que se iniciara la obra. En el 2010 le pareció un proyecto demasiado importante y en el último año de su gobierno le pareció que era algo que podía seguir esperando.

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