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Sábado, Mayo 4, 2019 - 16:53

Una gran incertidumbre y preocupación, a la vez, se empieza a sentir en  diferentes estamentos de la sociedad nariñense por los problemas que se podrían presentar en la construcción de la doble calzada entre el Corregimiento de San Juan y el Puente Internacional Rumichaca, tras el anuncio hecho por las comunidades indígenas asentadas en ese sector de impedir que el proyecto vial se termine tal y como está diseñado.

Pues, para autorizar que la construcción de la doble calzada continúe, los indígenas le han exigido tanto al gobierno nacional como a la Concesionaria Vial Unión del Sur, responsable  del proyecto, la derogación de la resolución 1920 de junio de 2015, mediante la cual se fijó la instalación de un peaje en le Vereda las Cruces, la ejecución de 45 obras adicionales y la entrega de compensaciones.

Esa posición asumida por los descendientes de los primitivos habitantes dicen que está fundamentada en la famosa Consulta Previa que por disposición de la Corte Constitucional (Sentencia SU-039 de 1997), se la define como “el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad  cultural,  social  y  económica  y garantizar el derecho a la participación”.

Si bien, los pueblos étnicos ven la consulta previa como una valiosa herramienta en su favor y se aferran a ella como su principal aliada para la defensa de su identidad cultural, lo cierto es que los gobiernos encuentran en esta un escollo, un obstáculo para el desarrollo económico del país porque ese mecanismo de participación se está prestando para que se hagan toda una serie de exigencias que muchas veces están por fuera de los alcances financieros de un terminado proyecto y que sólo buscan beneficiar a unos cuantos, en detrimento del interés general.

Sobre el particular es bueno precisar que tanto  la presidenta del Comité Intergremial de Nariño, María Eugenia Zarama como el diputado por el partido conservador, Juan Daniel Peñuela, han sido los únicos en manifestar su inmensa preocupación por lo que puede suceder con la terminación de la doble calzada Catambuco-Rumichaca, en razón a que consideran que, la consulta previa que exigen realizar los indígenas, se estaría utilizando para solicitar todo lo que se les ocurra y de esta manera favorecer ciertos intereses particulares y hasta políticos.

Sin embargo, llama profundamente la atención que ni el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez, ni su hijo el gobernador, Camilo Romero Galeano, se hayan pronunciado hasta ahora sobre las demandas de los indígenas. Su silencio quizás es una demostración de que comparten y están de acuerdo con las pretensiones de los indígenas. Después de todo, a lo mejor piensan, que el tiempo de gobernantes se les acaba y no hay por qué echarse un problema encima.

Así las cosas y en aras de que la consulta previa no pierda su finalidad constitucional de derecho fundamental de protección de la identidad de los pueblos aborígenes, se está en el momento justo de iniciar un proceso de diálogo abierto y sincero para buscar soluciones a las demandas de los indígenas; pero sin que se abuse ni se retrase indebidamente con la consulta la ejecución de la obra de construcción de la doble calzada entre  Catambuco y Rumichaca.

 

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás

solarpastas@hotmail.com

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