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Luego de la tormenta que generó la publicación de la revista Semana del reportaje “Chuzadas sin cuartel”, en el que detalló cómo desde el Ejército se habría interceptado de manera ilegal a políticos, magistrados y periodistas, las reacciones no han parado.

A pesar de los anuncios que prometen investigaciones, las chuzadas no son desconocidas para los colombianos. Desde hace diez años, con el escándalo de las interceptaciones del DAS han ocurrido otros casos de alto nivel.

En agosto de 2018, la Fiscalía reveló que había capturado a tres miembros de una organización dedicada a interceptar a políticos, empresarios y periodistas. Entre ellos, varios dirigentes del sindicato de trabajadores de Avianca, durante el paro de 2017. De este caso, precisó Espitia, ha habido solo una condena, la de Luis Carlos Gómez Góngora, quien coordinó la Sala Diamante de la Fiscalía y paga una pena de 8 años de prisión. Aunque dijo que se realizarán nuevas imputaciones, es la única condena en más de año y medio

Similar ocurrió con el escándalo del DAS que estalló en 2009, pero que solo dejó condenas seis años después. En 2015, la Corte Suprema de Justicia sentenció a María del Pilar Hurtado (exdirectora del DAS) y a Bernardo Moreno (exsecretario Administrativo de la Presidencia) a 14 y 8 años de prisión. En este escándalo incluso entró a terciar el Congreso, en donde se llamará a un debate de control político al ministro de Defensa y a la cúpula de las fuerzas militares.

La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco. Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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