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Martes, Abril 30, 2019 - 08:49

Los colombianos con espíritu paz y respetuosos de la Constitución y el ordenamiento jurídico reprochamos de manera rotunda los actos vandálicos que se presentaron en Bogotá con el daño a las fachadas de edificios públicos y privados. Este tipo de acciones lo que hace es empañar los movimientos sociales.

Cuando se ha alcanzado un histórico proceso de paz con una de las guerrillas más aguerridas del mundo, vemos con gran sospecha como desde el interior de la institucionalidad, y obedeciendo a funestos personajes –como el señor Álvaro Uribe Vélez-, se pretende desdibujar la verdadera intención de reclamar legítimos derechos por parte de los movimientos sociales.

Señor Presidente, no nos crea tan cotudos para creer que los que dañan, no sólo las fachadas, sino que boicotean la Jurisdicción Especial para la Paz y las legítimas aspiraciones de bienestar del pueblo colombiano, tienen origen en las entrañas del Estado colombiano.

En las protestas que se llevaron a cabo en los últimos meses a lo largo y ancho del país, se evidencia la infiltración de agentes de la Policía Nacional vestidos de civil y encapuchados, provocando el desorden para que sus compañeros de la fuerza pública tengan pretexto para disolver las manifestaciones mediante el uso de la fuerza desmedida e innecesaria con gases lacrimógenos y cachiporras; todo con el propósito de deslegitimar el movimiento social.

En la minga indígena se evidenció la infiltración, prueba de ello fue la retención de miembros del Ejército vestidos de civil, y que posteriormente fueron entregados, por parte de la minga, a una comisión de la Defensoría del Pueblo.

Así como las ejecuciones extrajudiciales, este accionar también se convierte en otra modalidad de falsos positivos, que como estrategia de guerra, se busca el debilitamiento del contendor. A estos les podríamos llamar ‘falsos positivos de segunda generación’ para diferenciarlos de los crímenes de Estado.

Es motivo de mucha sospecha que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al finalizar la minga del Cauca, saliera a los medios de comunicación a decir que el presidente Duque no asiste a reunirse con las comunidades étnicas porque según fuentes de “alta confiabilidad” se teje un presunto atentado en contra de la vida de éste.

Pero se convierte en una cosa chistosa (como los chistes que hacía don Salustiano, papá del fiscal, en Sábados Felices), pues a los pocos días el Ejército encuentra un arsenal de guerra en el preciso lugar donde estuvo asentada la minga indígena por más de 20 días. Eso no goza de ninguna credibilidad, se convierte en un desprestigio para el Ejército más bien.

Y este hecho sí que es doloroso. El día 22 de abril de 2019, a las 5:20 de la tarde, en la vereda Campo Alegre del corregimiento de San José de Las Pitas, en el municipio de Convención, Norte de Santander, en el Catatumbo, el Ejército asesinó de la manera más cobarde a un campesino del lugar. Gilmar Torres Arévalo fue un miliciano de las Farc que se había acogido al proceso de paz, por ello gozaba de las garantías que este le daba.

En aquel día llegaba a su vereda, proveniente del corregimiento de Miraflores, a donde se había desplazado para hacer una diligencia en una moto con un niño; al pasar cerca de la base militar fue detenido por soldados. El acompañante corrió a informar a la comunidad de lo sucedido, y ya en la noche se escucharon dos detonaciones que pusieron en alerta a la comunidad.

Se reunieron cerca de ochenta moradores que se dirigieron al puesto militar. Allí encontraron el cuerpo del hombre sin vida y con los genitales mutilados, lo que quiere decir que los militares actuaron con sevicia, y muy cerca habían cavado una fosa para que fuera el ‘crimen perfecto’.

Con estas acciones se busca reactivar el conflicto interno que tanto daño nos ha hecho, y así darle forma a una dictadura cívico-militar para someter al pueblo colombiano.

 

Aníbal Arévalo Rosero.

fundacionecosofia@gmail.com

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