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Miércoles, Julio 18, 2018 - 19:33

La intensificación del conflicto armado en el país, especialmente en las zonas de frontera como en los departamentos de Nariño y Putumayo, que ya muestran su crudeza, volvió a ponernos como los parias de la región y nuestros vecinos están en la tarea de blindar sus puertas ante esa amenaza que representan los grupos armados ilegales, que como sabemos ya han golpeado a Ecuador y Perú.

El gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia en su frontera por 60 días luego de conocer que integrantes del frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, al mando de alias Guacho, traspasan a su país y cometen fechorías, incluso amenazaron al alcalde de la provincia Putumayo, en el departamento de Loreto, Julca Ramos.

Luego de haber decretado esta medida, que según el gobierno busca “garantizar la tranquilidad, el orden público y el normal desarrollo de las actividades de la población”, se pusieron en marcha impresionantes operativos en la frontera y se lograron varias capturas de colombianos, al parecer vinculados con las disidencias. Entre todas esas medidas la perjudicada es la gente de bien del departamento de Putumayo que normalmente pasa a diario al vecino país y que siente la severidad de restricciones.

Algo igual ha hecho Ecuador que también ha sufrido a lo largo de este año en carne propia la arremetida de ‘Guacho’ con los ataques a guarniciones del Ejército, la Policía y la Marina que dejaron saldo de varios muertos, heridos y la destrucción de infraestructura, pero sobre todo la muerte de los tres integrantes del grupo periodístico del diario El Comercio de Quito y de la pareja de comerciantes, cuyos restos fueron entregados recientemente a sus familiares luego de encontrarlos en fosas comunes en los municipios nariñenses de Tumaco y Barbacoas.

Esta crisis por la alteración del orden público es como el resurgimiento del cáncer que se expande y traspasa fronteras y busca hacer metástasis, y va a volver a ponernos sobre el escenario esas imágenes que creímos superadas con la firma del acuerdo final de paz con las Farc, de desplazamientos masivos de colombianos hacia Ecuador y Perú huyendo de la violencia para recibir el tratamiento de refugiados.

Este mismo panorama que cada vez pinta peor hace temer también que reaparezca o aumente la xenofobia hacia los colombianos que los tildan de guerrilleros y narcotraficantes. Sabemos que la situación empeorará porque los grupos armados ilegales al contrario de replegarse crecieron y en solo Nariño existen unos 15, entre disidencias de las Farc, guerrilleros del Eln, Clan del Golfo, Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente del Orden y Las Águilas Negras

También se sabe que ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, los que ya se consideran como excombatientes volverían a integrar las Farc y que este grupo tomaría fuerza. Todo esto agravará la crisis en las zonas limítrofes y por supuesto los vecinos saben que no les queda otra que reforzar su seguridad ante esa amenaza latente que representa Colombia.

Este fenómeno de violencia, activado en una buena parte por el narcotráfico, se les salió de las manos a nuestro gobierno y con la entrega de la administración del presidente electo Iván Duque la represión será más dura en perjuicio de la población civil de regiones como Tumaco, Ricaurte, Ipiales, Cumbal, Cuaspud y otros el departamento de Nariño que colindan con Ecuador y en Putumayo los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo, que están en límites con Perú.

Cabe toda la responsabilidad al gobierno de Colombia, pero no les queda otra alternativa a los vecinos que unirse en la lucha militar para mitigar los ataques de los grupos armados irregulares que se convirtieron en una amenaza internacional.

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