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Lunes, Agosto 12, 2019 - 17:19

En poco tiempo estaremos ajustando cuatro años desde que se iniciaran los trabajos correspondientes, inicialmente, a la remodelación del viejo edificio del aeropuerto Antonio Nariño. Era un proyecto humilde, sólo para mejorar la distribución de espacios, modernizar el aspecto de la estructura que había servido ya cuarenta años, tras haber sido construida a retazos o, mejor dicho, de a pocos.

En una rendición de cuentas por parte del vocero de la Aeronáutica, celebrada en Pasto hace tres años, gracias a la valerosa denuncia de un supervisor de la obra, a través de una información divulgada por la Cámara de Comercio de Pasto, representada en la reunión, nos enteramos que los trabajos se habían iniciado sin tener planos firmados por la Universidad del Valle, responsable de su elaboración. El funcionario denunciante fue despedido de inmediato.

Los destinatarios de las gracias serían los contratistas, casi siempre entrenados expertos en hacer que las obras públicas se retrasen, demora que luego se explica con rebuscados argumentos técnicos, aprovechando la actitud permisiva del interventor, quien por boca de él mismo supimos que le pasó por alto al contratista de la fase uno más de veinte incumplimientos. Lo dijo ante los ciudadanos asistentes a la reunión de veeduría convocada por la Contraloría para ese fin.

Según explicó el propio interventor, convencido de haberlo hecho por una causa noble, era preferible perdonarle al infractor tantas violaciones al plazo que tenía para entregar la parte encomendada, porque si aplicaba la caducidad del contrato el proyecto iba a ser el damnificado al tener que parar mientras surte el proceso legal.

¿Qué dirá la Contraloría, la Procuraduría y demás entes de control ante la explicación de quien debe actuar como el doliente número uno de los intereses del Estado, es decir, de nosotros los ciudadanos?

Si así es como se debe actuar como el interventor de marras, lo que se estaría contribuyendo con ese criterio es estimular, de manera perversa, el incumplimiento reiterado de casi todas las obras civiles que contrata o asigna en concesión el Estado.

No castigar como se debe al contratista viciosamente incumplido solo refuerza nuestra creencia de que serán muy pocos los interventores públicos, que gracias a su fuerte carácter y sentido de la ética no terminan de compadres con sus vigilados, a fuerza de compartir el día a día, por meses e incluso años, lo que genera confianzas y afectos inconvenientes para actuar con independencia y autoridad.

Nos preguntamos si en las obras del Estado el dejar dilatar los tiempos al capricho de los contratistas de turno no constituye un gana gana para quienes incurren en retrasos en la entrega de sus proyectos, y quienes deberían vigilar con celo y responsabilidad el desarrollo de los trabajos para que se ejecuten conforme a los plazos contractuales y con garantía de calidad.

Lo decimos porque en la reciente veeduría se supo que a fuerza de aplazamientos y aprobaciones de otros sí sobre otros ya logrados previamente, el constructor había conseguido con eso generosos ajustes presupuestales, en tanto que el interventor recibiría casi el doble de lo inicialmente pactado por su tarea.

Lo cierto es que, como lo afirmó la Cámara de Comercio de Pasto, no hay razones para el optimismo, pues los reiterados atrasos en que se incurrieron en la primera fase están afectando hoy los tiempos de entrega de las fases dos y tres que están en marcha, y aún faltará acometer la restitución total de las capas que componen la pista actual del terminal de Chachagüí, para cuyo acometimiento no hay noticias aún de asignación del presupuesto.

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