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Jueves, Mayo 3, 2018 - 15:48

Es lamentable que en la sociedad colombiana se haya abierto paso, imperceptiblemente, la perniciosa teoría según la cual, en cuanto se pueda mostrar que los objetivos de una acción eran loables o deseables, no importa si fueron válidos o no los medios usados para alcanzarlos.

Es la doctrina del “todo vale”. No hay límites, restricciones ni resortes éticos con tal de conseguir ciertos propósitos individuales o colectivos. Expresado de otra manera, “el fin justifica los medios”.

Expresión atribuida a Nicolás Maquiavelo, debido a los consejos dados a los monarcas en “El Príncipe” -aunque algunos sostienen que el florentino jamás dio a sus recomendaciones el alcance que hoy tiene ese criterio sobre el ejercicio del poder-, lo cierto es que implicó una ruptura con el concepto ético que predominó en la filosofía desde la época de Platón y Aristóteles.

La tesis de Maquiavelo concluye en dar validez al comportamiento del gobernante, quien, para lograr el beneficio, el bienestar o la felicidad de sus gobernados, puede tomar cualquier tipo de decisión –inclusive la más extrema- u obrar de cualquier manera, no importa cuál, si con ello logra esos objetivos. Esto significa: todo le es lícito, sin parar mientes en principios éticos o jurídicos mientras las finalidades perseguidas sean buenas.

Es verdad que todo ser humano –en especial si goza de poder, y con mayor razón si tiene a cargo el gobierno o el cuidado de una comunidad, o si le corresponde tomar decisiones- enfrenta con frecuencia desafíos respecto a sus determinaciones; se encuentra ante disyuntivas, a dilemas, de suerte que se ve precisado a escoger entre dos o más alternativas.

Es posible que se presente la hipótesis del conflicto insalvable, que en situaciones extraordinarias puede llevar a la desesperada única opción de tener que sacrificar algo, para obtener una finalidad más valiosa o deseable.

Es el caso del estado de necesidad, aceptado en el Derecho Penal como eximente de responsabilidad, en que, por no existir materialmente alternativa lícita –porque si existe, no cabe la figura-, una persona lesiona un bien jurídico, ocasiona un perjuicio o incurre en una abstención perjudicial, ante la inminencia de un daño mayor o para evitar un mal para sí misma o para otra.

La jurisprudencia más extendida en muchos países ha sostenido que, en tratándose de asuntos de interés público, el gobernante ha de procurar -aun en circunstancias difíciles- el equilibrio, la mesura y el respeto, de modo que optará por aquello que mejor encaje en el beneficio y el interés colectivos, sin violentar la ética y sin atropellar la libertad ni sacrificar derechos. En eso consiste el buen gobierno.

Pero las alternativas en mención, que son extremas y excepcionales, no parten de un dilema entre la bondad del fin y la justificación del medio, o de una situación específica en que la bondad del fin que se persigue exima del comportamiento ético, moral o lícito. La tesis sobre el fin que justifica los medios tiene que ver, no con un caso específico sino con una actitud general; con un modelo de comportamiento que legitima todo cuanto se haga si hay un propósito benéfico.

Como se comprenderá, es una tesis inaceptable desde el punto de vista ético, y rechazada también desde una perspectiva jurídica, pues en el seno de la sociedad hay principios y valores que deben ser respetados. No todo vale.

Por: José Gregorio Hernández Galindo

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