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Sábado, Noviembre 18, 2017 - 15:48

Comenzó a recrudecerse el secuestro en el departamento de Nariño, flagelo que pensábamos se había controlado en los últimos años y que pone a esta región como una de las más afectadas por este delito en el país, pese a que supuestamente está inmersa en un posconflicto tras la firma del acuerdo de paz con las Farc que ya cumplió un año.

En menos de 24 horas se registraron dos secuestros. El primero el de la niña Dalia Rosero Maya, de 10 años de edad, a quien se la llevaron de su casa en la zona urbana del municipio de La Llanada, porque los captores no encontraron a su padre, un minero artesanal, como la mayor parte de personas de esa región que se dedican a explotar oro de filón, que se han convertido en objetivo de extorsiones por parte de un grupo armado autodenominado Autodefensas Gaitanistas, que meses atrás difundieron panfletos en esa zona del suroriente de Nariño.

Hasta ayer los Gaula de la Policía y el Ejército estaban tras el rastro de los secuestradores, si se tiene en cuenta que luego de producirse el hecho, el miércoles en la noche, capturaron a tres hombres que según las autoridades confesaron haber participado en el rapto de la pequeña que cursa quinto grado en el colegio Juan Pablo Primero.

En la noche del jueves hombres armados irrumpieron en una casa de familia en la zona rural de Albán y se llevaron a un joven comerciante propietario de una droguería, identificado como Franco Tulcán de 33 años de edad, hecho que hace recordar el secuestro del exalcalde Libardo Martínez hace 7 años, liberado después de 15 días de estar en cautiverio.

En estos dos casos se presume que es delincuencia común y su carácter es extorsivo y que puede sobrevenir una ola de estos secuestros por la temporada festiva y porque se trata de bandas que han aprovechado la salida de las Farc y quieren ejercer el control de los actos delictivos para ‘vacunar’ a los agricultores, comerciantes, empresarios y mineros.

Esta oleada ya la advertíamos desde comienzos de este año, cuando entre marzo y abril se produjeron más de 40 secuestros en la subregión del Telembí, que golpearon principalmente a Barbacoas, Magüí y Roberto Payán, con secuestros exprés desde pequeños comerciantes y agricultores, que se vieron obligados a pedir créditos e incluso a hipotecar sus bienes para poder pagar elevadas sumas a cambio de la vida de sus seres queridos, entre los que se contaron menores de edad y familiares de los alcaldes.

Las autoridades competentes no le prestaron la atención necesaria a este fenómeno que ha comenzado a extenderse a distintas regiones del departamento, además de omitir el reforzamiento de la seguridad en las zonas que fueron ocupadas por la guerrilla de las Farc y que hoy están plagadas de grupos armados organizados y de delincuencia común.

En nuestra región existen casos de personas que siguen privadas de la libertad y que dejan mucho que desear de la efectividad de organismos como la Policía y el CTI de la Fiscalía, como el relacionado con la desaparición de Paula Nicole Palacios, que este 28 de diciembre cumplirá 4 años de haber sido raptada y aún se desconoce su paradero, o el hecho en el que secuestraron al empresario del municipio de La Unión Evelio Meza, el 29 de diciembre del año anterior y cuyo rastro está perdido por completo.

No podemos permitir que en Nariño vuelva a resurgir el capítulo oscuro de ese flagelo tan miserable y que tanto dolor le ha causado al país, aún más cuando ahora ya no se respeta que sea de cualquier clase social, porque al delincuente solo le basta que su víctima tenga una familia susceptible de asumir la responsabilidad.

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