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Lunes, Mayo 16, 2016 - 10:00

En cuanto a las obras de remodelación y ampliación de espacios para la parte administrativa y uso de pasajeros en el aeropuerto Antonio Nariño, de Chachagüí y la construcción de una nueva torre de control, todo nos lleva a pensar que al final del plazo previsto para la entrega de los trabajos estos no se habrán cumplido en su totalidad, tal como expresó su fundado temor la Cámara de Comercio de Pasto.

A menos de 6 meses de finalizar el contrato los responsables del proyecto acumulan un retraso del 18 por ciento y transcurridos 16 meses de los 22 fijados como tiempo contractual, apenas han sobrepasado el 40 por ciento de lo que deberían haber avanzado.

Entre tanto, los usuarios del principal terminal aéreo con que cuenta el departamento y, por ende, la capital nariñense, han tenido que afrontar muchas incomodidades tanto quienes llegan al lugar para tomar un vuelo, como los que aterrizan en esa pista, a la hora de tomar sus maletas. Son molestias muy similares a las que debe soportar resignadamente quien decide hacer una remodelación profunda de su vivienda, pero sin desocuparla.

No dudamos que una vez finalizadas las obras, las instalaciones físicas del Antonio Nariño van a quedar no solo ampliadas para comodidad de todos, sino con una moderna presentación, que nos haga un poco de justicia y para que no sigamos exhibiendo un terminal dotado de un edificio demasiado simple y estrecho para el funcionamiento de la administración y la recepción de los pasajeros y sus usuarios, propio más bien de un aeropuerto de los que funcionan en lugares más olvidados de la geografía colombiana.

Ese no es el caso. Lo que nos preocupa y, si se quiere, nos molesta, es que nuevamente una obra importante que se ejecuta en nuestro territorio vaya a tener problemas de incumplimiento.

Ya lo afrontamos con la concesión Rumichaca-Pasto-Aeropuerto, obra en la que a pesar de la clara falla del concesionario en las obligaciones contraídas, resultó finalmente que de nuestro bolsillo saldrán los más de 350 mil millones de pesos que la Agencia Nacional de Infraestructura tendrá que pagarles a los contratistas, con lo cual los costos totales de esta concesión duplican el valor por el que se firmó el contrato, con el vergonzoso agravante que los trabajos quedaron inconclusos y abandonados, mientras que sobre lo ejecutado hay razones para el descontento.

En absoluto no queremos que se repitan más de estas experiencias en nuestro perjuicio. Confiamos en que seis meses serán suficientes para que los responsables de las obras del aeropuerto Antonio Nariño logren finalmente cumplir con el plazo previsto en el contrato, a pesar del mal arranque que tuvieron los trabajos y a pesar también del detalle que evidenciamos en este medio, en el sentido de que la ejecución del proyecto se inició sin contar con unos planos firmados por el responsable de su trazo, es decir, por ingenieros de la Universidad del Valle. Al funcionario que entregó públicamente esa información le costó su puesto.

Debemos advertir, sin embargo, que para que ese cumplimiento pueda darse, no solamente depende de los contratistas que bien podrían implementar desde ahora jornadas de 24 horas para cumplir con el plazo. No olvidemos que el propio vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, admitió que hacen falta 10 mil millones de pesos que, al menos por ahora, no están presupuestados.

Aquí se pone de manifiesto otro de los vicios recurrentes de la contratación en Colombia. Se ordena el inicio de obras públicas sin existir los presupuestos correspondientes. Es esa costumbre poco recomendable de ir arreglando las cargas en el camino, que les servirá mucho a los arrieros, pero no a una responsable administración de lo público. Ya nos está pasando con la variante San Francisco-Mocoa y nos quiere volver a pasar con el aeropuerto.

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