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Martes, Noviembre 22, 2016 - 12:01

La dilación y el engaño han sido las armas favoritas de los enemigos del nuevo acuerdo con las Farc. No todos los que apoyaron el No están contra el nuevo acuerdo ampliado. Varios de ellos en especial los grupos religiosos lo aceptan. Con la dilación buscan acercarse al 2018 y desarrollar su campaña en el 2017, pero además estos espacios creados por los amigos de la guerra han permitido que ante la incertidumbre creada por la dificultad de implementar el acuerdo y avanzar en la construcción de paz los grupos paramilitares se han desplazado tranquilamente y están ocupando espacios dejados por las Farc en su camino hacia las zonas de concentración.

Adicionalmente esa misma incertidumbre ha llevado a las Fuerzas Armadas ha enfrentar guerrilleros que han debido salir de las zonas de pre concentración para hacer diligencias propias de la organización y se han dado combates con saldo de tres guerrilleros muertos. Con el engaño buscan hacer creer que son amigos de la paz y que es necesario en aras de esta crear dinámicas de revisión del acuerdo y hacerle nuevos ajustes a lo ya acordado por segunda vez.

La revisión de la revisión no conduce a un hecho mejor sino a fatigar a las partes hasta que una de ellas se levante o que los textos afectados por tantas enmiendas sean tan confusos que no se facilite su aplicación.

Es difícil pensar en que sea la impunidad el factor que preocupa realmente a quienes no quieren aceptar el nuevo acuerdo cuando la primera acción una vez lograda la presidencia, en la anterior administración, fue acabar con el Ministerio de Justicia y del Derecho al fusionarlo con el Ministerio del Interior, uniendo un organismo eminentemente técnico con otro totalmente político y más conocido como el Ministerio de la Política. Lo importante era ahogar la Justicia y hacer que la política la absorba.

Después llegan las famosas chuzadas a los magistrados de las altas cortes y posteriormente la filtración y escuchas a las sesiones de la Corte Constitucional y al Concejo de Estado. Aquí no se estaba buscando defender la justicia y evitar la impunidad de la que hoy tanto se habla y acusa al actual gobierno. Era una clara intervención.

En ese periodo presidencial no existió una justicia libre, independiente, autónoma, sino todo lo contrario, hasta que el presidente Santos decidió rescatarla y crear el nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho tal como debe existir en un Estado Social de Derecho y Democrático.

Igual sucedió con otros derechos como el del trabajo digno que se acabó con la Reforma Laboral de 2003, donde se eliminaron los dominicales y las horas extras a los trabajadores para facilitar el mayor enriquecimiento de los empleadores. Menos el derecho a la salud que fue convertido en un próspero negocio con la creación e imposición de las EPS y los fondos de pensiones.

Jorge Enrique Córdoba Rangel

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