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Martes, Noviembre 28, 2017 - 11:18

Los enemigos de la paz tratan de confundir a la opinión pública diciendo que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- es una forma de promover la impunidad en nuestro país, y no es así. Hay que partir del hecho de que los actores del conflicto armado son todos los combatientes al margen de la ley, los agentes del Estado que participaron en conductas delictivas relacionadas con el conflicto armado y los particulares que ayudaron a promoverlo.

Debemos hacer claridad que como jurisdicción especial se diferencia de la ordinaria en que hay un hecho sobresaliente que amerita un trato especial, en vista que de otra manera no se lograría impartir justicia y no se podría ponerle fin al conflicto armado. Por lo tanto, es una oportunidad para conocer la verdad, aplicar justicia, reparar a las víctimas y dar la garantía de la no repetición.

Va acorde con la Constitución Política de aplicar justicia y con las normas internacionales. Se exceptúan los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra y otros delitos que vincule el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es una garantía para la reconciliación nacional, pero sobre todo es una garantía para las víctimas y sus familiares, quienes tendrán la oportunidad de conocer la verdad sobre lo qué pasó con sus seres queridos, elaborar sus duelos y volver a llevar una vida normal.

También permite proteger y satisfacer los derechos de las víctimas con un programa de reparación económica con los bienes incautados, dar seguridad jurídica y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Definitivamente, es una gran oportunidad que tiene el país para ponerle fin a este conflicto que lleva más de medio siglo y que sus víctimas son más de ocho millones.

Debe tenerse en cuenta de que la JEP es una oportunidad para el país, difícilmente se podrá repetir. Quienes están comprometidos con delitos derivados del conflicto armado tienen una oportunidad histórica para confesarlos y someterse a una pena restaurativa que va entre 5 y 8 años, que será de restricción de la libertad, mas no privación de la libertad.

Las penas se podrán cumplir en las zonas rurales donde realizarán trabajos que beneficien a la comunidad. Es decir, tendrán que realizar trabajos agrícolas en zonas rurales que les permitan su resocialización y reincorporación a la vida civil.

Todas las personas que están comprometidas con el conflicto, sean civiles, servidores públicos, de las fuerzas armadas, empresarios, combatientes de cualquiera de las organizaciones; todos quienes promovieron, organizaron, autorizaron, permitieron o ejecutaron la comisión de un delito, pueden acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque en los procesos que adelanten los jueces, podrán resultar salpicados o por la acusación que adelante la Fiscalía.

Las garantías que les da la JEP son muy concretas y tienen que ver con que podrán hacer valer el debido proceso, el derecho de contradicción y la protección del derecho, que son elementos que se contemplan en la jurisdicción ordinaria.

En este primer año de la firma de la paz pactada en La Habana, si bien en la población hay escepticismo y lentitud en la aplicación de la JEP, lo que sí es demostrable es que las estadísticas de muertes derivadas del conflicto armado se han disminuido ostensiblemente. Pero subsiste el temor de que, en caso de triunfar la extrema derecha en los comicios del 2018, esta justicia especial no vaya a ser aplicada como se ha acordado, y, antes por el contrario, se vaya a proceder a extraditar exguerrilleros por delitos relacionados con el narcotráfico.

Esperamos que no haya ningún retroceso en la implementación de la JEP, pues no sería de lo mejor que se empiecen a dar deserciones cuando ya se ha logrado lo más importante: la reincorporación.

 

 

Por: Aníbal Arévalo Rosero

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