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Tanto el hombre como su esposa afirmaron que no se dieron cuenta del hecho hasta revisar los videos.

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Martes, Febrero 27, 2018 - 15:27

La crisis carcelaria que cada vez es más grave e inhumana atañe a todo el país por la irresponsabilidad del Gobierno Nacional, al sector de justicia, a las autoridades municipales y departamentales y el Congreso, porque cada uno de estos sectores le ha echado tierra con los años a las soluciones y el problema fue creciendo hasta convertirse hoy en una bomba social.

En lo que compete a la cárcel de Pasto su hacinamiento es de más del 300 por ciento, pues mientras su capacidad es para 450 internos en este momento hay 1.200, hasta el punto de que los mismos presos anunciaron que no permitirán la entrada de más detenidos. Sin embargo, el lío toma dimensiones más complejas porque las denominadas carceletas de la Unidad de Reacción Inmediata, URI de la Fiscalía, están repletas.

Vemos que el país no tiene memoria y los funcionarios y la dirigencia un alzheimer conveniente, porque apenas el año pasado se mostró la profunda crisis luego de las protestas violentas de los detenidos en la URI de Pasto, hechos que estaban conectados con los registrados en distintas ciudades del país.

A mediados de julio del año pasado un el fallo de la Corte Constitucional exigía al Gobierno Nacional atender de manera inmediata la aguda crisis de cinco cárceles del departamento de Nariño, y si bien en su momento reaccionaron las autoridades e hicieron anuncios, hoy nos encontramos en la misma situación y apenas con el anuncio de gestiones para un nuevo pabellón. Además en diálogos entre las partes para que se agilicen los procesos de esa cantidad de detenidos que no han sido juzgados y durante años permanecen en el penal sin una condena.

A nuestras instituciones departamentales, como el caso de la Gobernación y las alcaldías, solo las mueven los escándalos y cada vez que los medios muestran esa dolorosa realidad de las cárceles en donde la gente se pudre en medio de corredores repletos de reos porque en las celdas ya no caben, o muriéndose por enfermedades que no se tratan, puesto que no tienen ni siquiera medicamentos para atenderlos.

La emergencia humanitaria también la padecen en las cárceles de Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, en donde el hacinamiento llega al 200 por ciento.

En ese fallo se puso evidencia los graves problemas estructurales como falta de duchas, energía y déficit en servicios de salud, a lo cual se le agregan las deficientes condiciones de las redes de acueducto y alcantarillado, más los inconvenientes en el suministro de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica en las cinco cárceles de este departamento, cuya situación en vez de mejorar se ha agravado desde el 2009, por eso el magistrado Luis Guillermo Guerrero condicionaba para en un plazo máximo de 2 meses solucionar esta difícil situación en materia carcelaria y se proteja la dignidad humana.

Pero a excepción de Pasto, en donde se adelantaron unas obras con recursos por $600 millones, según información de la Secretaría de Gobierno, en el resto de penales no se hicieron mejoras.

Se tiene que ir más allá en esta encrucijada y no solo pensar en construir o ampliar cárceles para llenar y llenarlas de internos, sino comenzar a estructurar una política preventiva del delito desde las regiones que nos permitan bajar esas cifras tan elevadas que colapsaron los despachos con procesos judiciales.

Las administraciones locales deben propender por tener más cobertura para la educación y por fuentes de trabajo que les brinden oportunidades a todos esos jóvenes que delinquen porque no tienen más salidas.

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