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Sábado, Noviembre 25, 2017 - 16:54

En un acto considerado aberrante, vergonzoso y de la más baja calaña, se puede considerar el informe presentado por la Contraloría General de la República, en donde deja ver que delincuentes del país, porque no se les puede dar otro calificativo, se apoderan de los recursos oficiales destinados para la alimentación de los niños en Colombia.

Aunque sabido es que la Contraloría General de la República, no es una entidad de confiar, porque desafortunadamente es más de lo mismo dentro de la crisis de institucionalidad que se vive en Colombia, si es válido destacar al menos la denuncia hecha en la presente semana en donde se da a conocer de manera detallada la manera como se están robando los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes en nuestro país.

Aunque es válido manifestar que todo delito de robo de los recursos estatales debe ser rechazado y por supuesto, la ley debe caer encima de los delincuentes de cuello blanco, mil veces más y más castigos deberían existir cuando el robo de los dineros es contra los recursos que se destinan a la alimentación de los niños.

Aunque el caso que nos ocupa, en el presente comentario tiene que ver con los altos precios de los productos utilizados en el Plan de Alimentación Escolar de Cartagena, en donde según la Contraloría General de la República se dieron casos en donde una pechuga de pollo costaba hasta 40 mil pesos y en donde se manifiesta que la firma encargada de operar estos productos es de Nariño.

También es cierto que en nuestro departamento se han denunciado casos en donde el suministro de alimentos ha sido pésimo.

Incluso nadie se olvida que en Pasto se presentaron en un momento determinado denuncias sobre el mal estado de alimentos entregados a estudiantes en la zona rural de este municipio, aunque desde la Secretaría de Educación del municipio se dijo que eso era falso y que el caso no ameritaba el escándalo que se quería hacer.

Lo cierto es que los hechos son evidentes y por esa razón hoy vale la pena manifestar que ni si quiera nosotros nos hemos librado de las garras delincuenciales de algunos operadores de los planes de alimentación escolar.

Para recordar algunos de los datos entregados por la Contraloría General de la República, se manifiesta, por ejemplo, que en el Programa de Alimentación Escolar, a pesar de las denuncias se siguen robando la plata.

Hallazgos fiscales en 17 departamentos. Esa entidad evidenció que durante 2016 más de 32 millones de raciones se dejaron de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de recursos.

Según la Contraloría, "puede que sea difícil ser optimista cuando todas las semanas aparecen nuevos escándalos, pero podemos estar viviendo el comienzo de una era en la que ya no se tolerará más la corrupción. Lo importante es que la corrupción comienza a ser castigada como nunca antes y esos castigos deben servir como ejemplo".

Es de recordar que estas denuncias están acompañadas de otra intervención realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que formuló pliego de cargos contra 5 empresas y 7 personas naturales por una presunta colusión o cartel que buscaba afectar los precios de dos licitaciones para elegir los proveedores de frutas dentro del PAE.

En fin, ojalá que todo el peso de la ley caiga contra estos delincuentes, porque si no se justifica el robo de los recursos oficiales, destinados a la construcción de obras, menos se puede justificar el robo de los dineros para la alimentación de los niños.

 

Por.- Rodolfo Pantoja Pantoja

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