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Miércoles, Enero 4, 2017 - 11:27

La cruzada que acaba de anunciar el Gobierno frente a la reestructuración del Sistema de Beneficiarios para Programas Sociales, Sisbén, pareciera ser un tanto tardía ante el desangre que por años ha afrontado la Nación por cuenta de los colados: personas que a pesar de ganar más de 3.8 millones de pesos mensuales usufructúan los beneficios dirigidos a los más pobres.

Pese al retardo de la iniciativa es claro que esta debe constituirse en la columna vertebral para expulsar a los potentados que, sin reparo alguno, han hecho agua el erario mientras miles de connacionales en condición de miseria son dejados en lista de espera para acceder a las ayudas estatales.

El fenómeno de colados es aberrante. Solo en Nariño los estimativos del Departamento Nacional de Planeación, DNP, dan cuenta de que a corte del año pasado había 6.239 personas, con ingresos mayores de 3.8 millones de pesos, que se aprovechaban de los subsidios de seguridad social y económica que tiene el sistema.

Precisamente por ello en el departamento se suspendieron 14.377 personas de los programas del Sisbén: 3.755 fallecidas, 554 por cambios no justificados en otras variables, 6.239 suspendidos por ingresos mayores a $3,8 millones mensuales, y 3.829 suspendidos por cambio en tipo de vivienda.

Para la entidad esta cifra, junto al incremento nacional del 63 por ciento, pues el país pasó de tener en el Sisbén 83 mil 330 usuarios a 135 mil 756 que ganan más de 3.8 millones de pesos, no solo es escandalosa sino que además debe conminar a cambios sustanciales frente al acceso de los ciudadanos a los subsidios del Estado.

Con la estrategia, dada a conocer hace menos de 48 horas por el Gobierno, se lograrían avances en el eterno problema: el limitado acceso a las bases de datos.

En un intento por darles plena autonomía a los municipios se les confirió, en su momento, el control de estas listas. Sin embargo, auditorías y estudios oficiales coinciden en que esa condición ha dado pie a malos manejos ligados, incluso, a respaldos electorales y tejemanejes propios de la política en las regiones.

Con la nueva medida se haría una especie de centralización de la base de datos que comenzará en 2017 y se implementará de manera gradual hasta la finalización del barrido del Sisbén IV en 2019.

La recolección de datos también permitirá proveer información útil para el diseño de política en el posconflicto, señala un informe del Gobierno. Se prevé que el operativo comience en junio de 2017 y finalice en diciembre de 2019, con una interrupción en el primer semestre de 2018, cuando se desarrollarán procesos electorales.

El cronograma diseñado por el DNP indica que desde este año se espera realizar la recolección de información en 232 municipios y el cierre de 11 departamentos.

Para 2018 la programación es llegar a 358 municipios y tres departamentos adicionales y un año después alcanzar 512 municipios y 19 departamentos restantes.

La revisión busca que los colados del Sisbén sean castigados, sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de manera irregular con mentiras sobre su situación económica y social.

Sin embargo, la exclusión de las bases de datos no debería ser el único mecanismo para sancionar a quienes prácticamente se han constituido en una vena rota al bolsillo de todos los nariñenses y colombianos.

En este momento coyuntural del país la lucha contra la corrupción debe ir aparejada de castigos ejemplarizantes, solo así se enviará un mensaje contundente contra los que ven en el Estado una fuente para satisfacer sus intereses particulares.

En ese escenario, ahora que se plantea la depuración del Sisbén, Nariño debe liderar un papel importante en la facilitación de los mecanismos que coadyuven a la depuración de las listas. Ese aporte probo y transparente debe ser apalancado por los municipios para que desde estos territorios se abogue por una cultura de la legalidad y buen gobierno.

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