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Sábado, Abril 21, 2018 - 17:54

Los medios televisivos pasaron la semana pasada una acalorada discusión que sostuvieron en el senado de la República Álvaro Uribe y Carlos Galán, haciendo énfasis en la discusión, aunque evitando hablar del fondo del asunto.

Como se sabe, Galán señaló a los hijos del expresidente por manejar con irregularidades un predio perteneciente a la zona franca del municipio de Mosquera, cuestionando que hayan cancelado solo 56 millones de pesos en impuestos por unos terrenos de más de 130.000 millones de pesos, ratificando que la plusvalía del predio era exactamente de 136 mil millones por lo que se debía pagar por ese predio $40.806 millones y no 56 solamente, lo que significaba una defraudación al fisco de más de cuarenta mil millones de pesos.

El senador de Cambio Radical, quien ha liderado la bandera contra la corrupción, hizo recordar las denuncias y el escándalo por negocios de los hijos del presidente Uribe, señalados por el periodista Daniel Coronell, un detractor declarado del ex presidente. Según él, los hijos del parlamentario se enriquecieron con decisiones de subalternos de su padre para que unos terrenos rurales de su propiedad ganaran una valorización que pasó de 33 millones a 3.000 millones de pesos, prácticamente en dos años, configurando según su postura un enriquecimiento inaceptable al utilizar el poder del Estado y defraudarlo.

Uribe respondió señalando a Galán por sus negocios con la Fundación de su familia y manifestó que no aceptaba como congresista y padre que sometieran a sus hijos a escarnio por actividades lícitas y legales, ya que ese negocio había sido tasado correctamente.

¿Puede afectar a Iván Duque esta situación?

Con toda seguridad pues su patrocinador ideológico y económico es el congresista antioqueño. Si éste está cuestionado por utilizar el Estado a favor de sus hijos (y por ende para sí mismo), significa un duro golpe ético que debilita la ascendente campaña de Duque quien se considera el futuro presidente de Colombia. Si ha propuesto un gobierno de manos limpias, dicha situación lo deja en un gran dilema.

Lo cierto es que todo programa de gobierno que esté vinculado al uso del estado para hacer negocios que afecten a la nación, es corrupción plena y deberá ser rechazado por la ciudadanía honesta y transparente. Este es un principio intransable.

Por. Carlos Santa María

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