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Jueves, Septiembre 26, 2019 - 18:37

Bolsos, el evitar la realización de un concurso de méritos, las  compras irregulares de lotes y no atender los derechos de petición, fueron la perdición para algunos de los alcaldes del departamento de Nariño.

Tanto así que tres de ellos, de Mallama, Alirio Jesús Mora Rosero, La Unión, Floriberto Suárez Ortiz e Imués, José Luis Tobar Zambrano, no pudieron terminar los periodos para los cuales fueron elegidos en las pasadas elecciones para autoridades regionales.

Esto debido a que la Procuraduría General de la Nación, los sancionó con destitución e inhabilidades por 12 años, 10 años y 10 meses, en tanto que este ente investigador, le acaba de abrir pliegos de cargos al alcalde de Cumbal.

Estudiantes se quedaron esperando

En 2017 los estudiantes de preescolar y primaria del municipio de Mallama se quedaron esperando cerca de mil bolsos que la Administración municipal les iba a entregar para que llevaran sus útiles escolares.

Esa entrega la tenía que hacer el alcalde Alirio Jesús Mora Rosero, quien para tal fin inicialmente recibió 997 bolsos, pero en junio de 2018, los niños no habían recibido nada.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría, el Alcalde Mora Rosero celebró y ejecutó de manera dolosa el contrato 002-2017, el cual se hizo con la Fundación Caminos de Desarrollo y Paz. Así se demostró que en la firma del mencionado contrato, se omitieron los principios de transparencia, economía, selección objetiva y planeación, los cuales rigen la contratación pública.

De esta manera, en las investigaciones se comprobó que en desarrollo del contrato hubo una adición, para la compra de 141 bolsos más, a la cifra inicial que fue de 856. Y además, se estableció que esos 141 bolsos más tuvieron un sobrecosto con relación a la primera entrega que se hizo.

Para completar la serie de irregularidades, la Procuraduría señaló que la fundación con la que hizo el negocio jurídico, no cumplía con los requisitos mínimos habilitantes para esta clase de contratos y que el tipo de contratación manejado no era el indicado por el tipo de cuantía.

Por $25 millones

En ese sentido, resulta paradójico saber que el valor total del contrato fue de sola 25 millones, 416 mil pesos, cifra por la cual el alcalde fue destituido e inhabilitado, lo que le costó la salida de la Alcaldía por la puerta de atrás.

Con el mandatario municipal, se fueron en el fallo de segunda instancia, con destitución e inhabilidad por 10 años, el secretario de Planeación, Iván Antonio Jurado Cortés y el secretario de Obras Públicas, Uriel Rodrigo Portilla Melo.

Como se dice de manera popular, ellos también “pagaron el pato” por omitir el cumplimiento de sus funciones al aprobar y recomendar al ordenador del gasto, darle el contrato a la Fundación Caminos de Desarrollo y Paz, a sabiendas de que esta no tenía los requisitos exigidos por ley para contratar con la Alcaldía.

Floriberto afuera

Por su parte, el alcalde de La Unión, Floriberto Suárez Ortiz, también fue destituido e inhabilitado por 10 años. Dentro del mismo fallo de la Procuraduría General de la Nación, se sancionó de igual manera al gerente ad hoc del Centro de Salud Municipal (E.S.E), Eduardo Armero Martínez.

A los dos se les encontró responsables de abuso de autoridad y acto arbitrario e injusto, al impedir que se llevara a cabo un concurso de méritos.

La situación se presentó cuando el Alcalde y el gerente no dejaron que la Universidad de Medellín realizará el control de prestación de servicios No. 285 del 28 de abril de 2016. La finalidad de este concurso, era adelantar un proceso de selección para el cargo de gerente del centro de salud municipal, con el propósito de conformar la terna. Por ello, la Procuraduría General de la Nación, no vaciló en calificar esta actitud como gravísima a título de dolo.

Igualmente se cuestionó al alcalde Suárez Ortiz, puesto que como presidente de la Junta Directiva del centro de salud, desconoció las normas que regulan los concursos de méritos e impuso su voluntad para demorar la convocatoria ordenada por la Junta Directiva desde marzo de 2016.

De esta manera, en las investigaciones se estableció que el alcalde de La Unión exigió al contratista la no ejecución del negocio jurídico con el pretexto de la falta de firma por parte de la institución educativa, a la vez que pidió una audiencia con las directivas de la universidad para solicitar revisión y promover la terminación del proceso de elección.

En lo que tiene que ver con el caso del gerente, el órgano de control estableció que recurrió a la caducidad del contrato a través de la resolución 653 del 23 de junio de 2016.

 Para ello adujo incumplimiento por falta de perfeccionamiento, advirtió “errores de procedimiento” en el mismo, y autorizó al alcalde para actuar como vocero de la Junta Directiva e imponer la terminación del contrato.

Por lo pronto, el fallo de primera instancia fue apelado por el disciplinado y será resuelto por la Procuraduría Regional de Nariño.

El misterio del lote

La compra de un lote para la construcción de un Polideportivo, fue la causa para que el alcalde de Imués, José Luis Tobar Zambrano a principios de septiembre de este año, fuera suspendido por 10 meses, lo que le impedirá terminar su administración que concluye el 31 de diciembre.

Fue así como la Procuraduría Provincial de Ipiales le impuso una sanción disciplinaria en primera instancia por el delito de detrimento patrimonial.

La sanción fue emitida por el procurador provincial, Carlos Bastidas, quien manifestó que se trató de una falta de carácter grave.

El lote situado en el sector de Pilcuán Viejo, fue comprado por el alcalde en la suma de 200 millones de pesos, con el propósito de construir un polideportivo, suma que fue girada por la Administración municipal en cabeza de Tobar.

Pero luego de esta compra, se alzaron numerosas voces de protesta, en las que se manifestó que el negocio se hizo sin el cumplimiento de los requisitos legales. Igualmente, se habló de un sobrecosto, por lo que se exigió que el dinero fuera devuelto.

Aquí se presentó otra grave anomalía que agravó el proceso en contra de José Luis Tobar Zambrano, quien en nombre de la Alcaldía les compró el mencionado lote a unas personas residentes en la ciudad de Popayán.

El problema fue que desde la capital del Cauca, se hizo la devolución, pero esta no fue de 200 millones, sino que solo se devolvieron 150 millones de pesos, lo que dio lugar a toda clase de versiones y fue una de las causas para la fuerte sanción que afectó al alcalde de Imués. 

En torno a esta sanción es de destacar que hace dos años, Tobar Zambrano también fue sancionado por dos meses, al no presentar el informe de gestión que deben entregar los mandatario ante los respectivos concejos de sus municipios.

Sobre este hecho, el procurador provincial, Carlos Bastidas, señaló que los alcaldes por obligación legal deben radicar en la primera sesión ordinaria de los concejos de cada año, en este caso para el 2016, debía ser presentado en febrero de 2017 el cual no se radicó, y para la vigencia fiscal de 2017 se debía presentar en febrero de 2018, situación que tampoco se cumplió, por lo tanto son dos años en los cuales no se presentó esta rendición de cuentas.

Al respecto Bastidas agregó que se presentó una queja por parte de algunos concejales quienes señalaron que se estaba violentando el ejercicio de control político por parte de esta Corporación.

“A raíz de esta situación se emitió una sanción de apartar del cargo al alcalde por dos meses por no haber cumplido con esa obligación legal frente al Concejo de Imués”, señaló el procurador provincial.

En la cuerda floja

Mientras tanto, al alcalde de Cumbal, Eduardo Frey Valenzuela la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos, porque presuntamente no respondió un derecho de petición dentro de las fechas establecidas por la ley. 

La Procuraduría Provincial de Ipiales busca establecer por qué Valenzuela Valenzuela omitió a dar repuesta a la solicitud del Oficio 1010 1779 presentada por los comerciantes del municipio, el 27 de septiembre de 2017, quienes solicitaron copias de la estrategia del gobierno para combatir las riñas callejeras, disminuir el consumo de alcohol y brindar mayor seguridad a la comunidad.

El ente de control calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de dolo, por vulnerar el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que indica que un derecho de petición se debe contestar dentro de los diez (10) días posterior a su solicitud.

Se trata de una situación que pone en aprietos al mandatario municipal quien podría verse abocado a una fuerte sanción por parte de las autoridades.

Ahora se espera la respuesta que el mandatario municipal Valenzuela le dé en el marco del mencionado tiempo al pliego de cargos que le acaba de abrir la Procuraduría General de la Nación. Luego de esa respuesta, el ente investigador procederá a tomar las determinaciones que sean del caso.

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