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Martes, Julio 16, 2019 - 17:07

Frente a la situación suscitada ante la presunta estafa de que fueron objeto varios periodistas del departamento de Nariño al no cancelarles la pauta publicitaria por parte de la Gobernación de Nariño, los diputados señalaron que la Administración seccional tiene que asumir su responsabilidad.

Los consultados señalaron que la Gobernación debe realizar un seguimiento a este tipo de contrataciones y que lógicamente es su deber cancelar los dineros a los afectados.

Los diputados señalaron que no se puede dejar a un lado esta dificultad y por eso en las sesiones ordinarias será un tema que tiene que ser analizado a profundidad, por consiguiente se invitará a quienes están inmersos en esta situación para que presenten un informe detallado de este contrato.

 

Actitud permisiva

“En el caso específico del operador que fue contratado para la ejecución del plan de medios de la Gobernación, veo que esta Administración ha tenido una actitud bastante permisiva. Se han demorado en activar las pólizas que garanticen el cumplimiento del contrato. Este tipo de situaciones son las que conllevan a que el tiempo pase y quienes han sido contratados por parte del operador no ven respuestas satisfactorias al pago del servicio que ellos prestaron”, aseveró el diputado Juan Daniel Peñuela.

“Parece que la responsabilidad no solamente es del operador sino de la Gobernación, porque se debe realizar un seguimiento y una vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del operador. Se observa que no ha sido rigurosa en esta actividad”, apuntó Peñuela.

 

“Muchas dudas”

El diputado Andrés Zúñiga manifestó que es necesario que se tomen las medidas del caso y que los periodistas puedan recuperar estos recursos, fruto de su trabajo, ante la Administración seccional.

“Sabemos que se ha generado un prejuicio a los periodistas y aspiramos que tanto la oficina de Control Disciplinario como las otras entidades que tengan conocimiento del asunto puedan tomar las medidas correspondientes para evitar que se vuelva a repetir esta situación”, aseveró.

Añadió que se debe analizar el grado de responsabilidad de la Gobernación.

 “No fue la Administración seccional quien engañó al gremio de periodistas de Nariño, se conoce que se entregó a un operador y fue el quien engaño a los comunicadores y no ha permitido que se cancelen los recursos para el pago de la pauta publicitaria”,

 

Faltó seguimiento

El exdiputado Jairo Otero manifestó que aunque no conoce el tema a fondo es evidente que la Gobernación tiene mucho que ver en esta situación.

“La Administración seccional contrató a un tercero y el operador recibió los respectivos avances, pero no se les hizo el pago a los periodistas. La Gobernación tiene un grado de responsabilidad lógicamente, porque se tiene que buscar a los operadores idóneos. Es asunto de ellos buscar a quienes se contrata y en ello sí tiene la mayor responsabilidad porque esa empresa debe garantizar que puede en un momento determinado responder por su labor”, explicó Otero.

“Lógicamente que se tiene una responsabilidad y quienes resultaron afectados tienen que analizar las acciones a seguir en el campo jurídico frente a este operador y por supuesto contra la Gobernación”, añadió.

 

“Dar la cara”

El diputado Heriberto Campaz aseveró que aunque no conoce detalles del asunto realizó una consulta, pero hasta ahora no ha recibido respuesta con la información de los hechos.

“Se hizo el respectivo cuestionamiento del porqué se les adeudaba a los periodistas estos recursos desde hace un año. Pero nadie quiere responder y cada uno de ellos se tira la pelota. Desde la Administración seccional señalan que había una persona delegada y ella fue quien incumplió con su labor”, añadió.

“De una u otra forma quien haya cometido el acto irresponsable aquí se tiene una responsabilidad directa por parte de la institucionalidad y es la Gobernación de Nariño. Ella tiene que asumir la responsabilidad y darle la cara a los afectados”, aseveró.

“Independiente de quien haya cometido la irregularidad el gobernador tiene que asumir esta situación y responderle a los periodistas. Hoy más que nunca tiene que enfrentar la realidad de los hechos”, añadió.

 

Gobernación, a responder

El diputado Omar Cerón aseveró que este tema es complicado y el hecho de tener deudas que no se paguen es muy grave.

“Grave en el sentido de que teniendo los recursos no se proceda al respectivo pago. Creo que allí son latentes los problemas y la gestión que se realiza en el interior de la Administración no es la mejor”, añadió.

“Entonces al recibir las explicaciones que se requieren no son tan válidas y de allí que se tiene la idea de hacer un fuerte llamado en la Asamblea de Nariño para que desde la Administración seccional presente la respectiva explicación. Lógicamente llamar a los funcionarios y al mismo gobernador para que explique la situación en torno a los dineros que les pertenecen a los periodistas de la región.

Es innegable que la Gobernación tiene mucho que ver y lógicamente la obligación de dar una información y responder por estos recursos. Se ve que no se hizo un seguimiento al operador en este caso”.

 

Cumplir con obligaciones

 

“Soy partidario que las obligaciones deben cumplirse tal y como reza en los contratos que se firman, lo mismo que pasa con los particulares”.

Asi lo señaló el diputado José María Moncayo, quien manifestó que las obligaciones legalmente contraídas entre una entidad pública, ya sea con particulares o con entidades, deben cumplirse a cabalidad.

“Uno no se puede exponer a que por una situación de descuido se pueda generar unas sanciones a la entidad a la cual uno está representando. Mucho menos que se generen esta clase de casos, como los que hoy lamentablemente se presentan y que son de conocimiento de la opinión pública”, expresó.

Añadió que no se puede afectar a unas personas que viven de una labor diaria. Con estas actuaciones se perjudica a muchas familias que dependen de esta actividad.

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