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Domingo, Septiembre 29, 2019 - 16:48

De acuerdo con denuncias presentadas en la Unidad de Recepción Inmediata para Transparencia Electoral, en 5 municipios del departamento de Nariño se estaría presentando compra de votos, de cara a las elecciones para autoridades regionales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.

En total la mencionada dependencia ha recibido hasta el momento 3.102 denuncias provenientes de diferentes partes del país de los cuales 35 provienen del departamento de Nariño.

En su mayor parte esas denuncias se relacionan con la posible ocurrencia de trashumancia electoral o trasteo de votos y compra y ventas de votos.

Es de anotar que los cinco municipios que se mencionan en las denuncias en torno a la compra venta de votos, hacen parte de la costa pacífica de Nariño.

Se trata de Tumaco, El Charco, Olaya Herrera, La Tola y Francisco Pizarro, municipios en los que las denuncias señalan que algunos candidatos a las diferentes corporaciones, en especial a las alcaldías, están comprando votos.

Igualmente, en el marco de las denuncias hubo referencias de la posible ocurrencia de episodios de intimidación al elector, no solo de parte de los integrantes de algunas campañas, sino también de grupos armados al margen de la ley.

Corrupción al sufragante

Sobre estas denuncias relacionadas con la compra y venta de votos, las autoridades electorales, señalaron que con este hecho se tipifica, el delito de corrupción al sufragante.  Se trata de entregar determinadas cantidades de dinero a cambio del voto, o también ofrecer contratos u ofrecer alguna clase de beneficio a los electores, para que voten por determinado candidato, lista, partido o movimiento político.

Al respecto la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, informaron que las personas que sean halladas responsables de este delito, se verán expuestas a penas de hasta 8 años de prisión y además tendrán que pagar hasta mil salarios mínimos legales vigentes.

Igualmente, se informó que también tendrán sanciones las personas que ofrezcan en venta los votos, delito que es conocido como tráfico de votos. Esto aplica para quienes ofrezcan a cambio de recibir algún beneficio económico o material, los votos de un grupo determinado de ciudadanos. De esta manera, quienes incurran en este delito, deberán pagar hasta nueve años de cárcel y entre 400 y 1.200 salarios mínimos.

Sobre el particular, la Unidad de Recepción Inmediata para Trasparencia Electoral, señaló que estas denuncias están siendo investigadas por parte de las autoridades para entrar a tomar las determinaciones que sean del caso.

Igualmente se indicó que se hizo traslado de las mismas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral CNE, entidades encargadas de analizar las denuncias y ordenar las investigaciones para proceder a las sanciones pertinentes.

 

Amenazas a los electores

 

En lo relacionado con las denuncias de amenazas e intimidación a los electores, que igualmente se estaría presentando en los mencionados municipios de la costa Pacífica de Nariño, se indicó por parte de las autoridades electorales que este delito es conocido como constreñimiento al elector.

El mismo consiste en amenazar o presionar a un elector para que vote por determinado candidato y las personas que sean encontradas culpables de estas amenazas y presiones, tendrán que pagar entre cuatro y nueve años de cárcel y una multa entre 50 a 200 salarios mínimos.

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio.
Sobre el particular se indicó que la pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento o acceso a beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o de cualquier otro orden de naturaleza gubernamental.

Tumaco, es una de las zonas del departamento de Nariño, donde se estaría tipificando la
compra de votos de cara a los próximos comicios para autoridades regionales.

 

Otros delitos graves

 

Otros delitos graves en contra del proceso electoral que se vive en estos momentos en Colombia son los siguientes:

 

Perturbación de los comicios

 

Aplica para quien a través de una maniobra engañosa perturbe o impida la votación o el escrutinio de la misma. La sanción es de cuatro a nueve años de cárcel y una multa entre 50 y 200 salarios mínimos legales vigentes.
Sin embargo, esta pena aumentará si dicha conducta se realiza a través de la violencia. Serán hasta 12 años de prisión. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

 

Fraude al sufragante

Se trata de engañar a un votante para que vote por algún candidato, lista o partido. Es castigado con hasta ocho años de prisión y una multa de hasta 200 salarios mínimos. La pena se aumentará si lo hace un servidor público.

Trashumancia electoral

Es cuando una persona inscribe su cédula de ciudadanía para votar en una localidad, municipio o distrito diferente al que reside con el propósito de votar por determinado candidato. Esto es lo que se conoce como trashumancia o trasteo de votos. Es castigado con hasta ocho años de prisión y una multa de hasta 200 salarios mínimos. La pena se aumentará si lo hace un servidor público.

Elección ilícita

Es quien se ha elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempañarlo por decisiones judiciales, disciplinarias o fiscales. Quien incurra en este delito deberá pagar hasta nueve años de prisión y una multa entre los 200 y 800 salarios mínimos legales vigentes.

Voto fraudulento

Es para quien suplante a un ciudadano en el momento de votar o ejerza este derecho más de una vez. Habrá una pena de hasta ocho años de cárcel y una multa que puede llegar a los 200 salarios mínimos.

Suplantación

El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o, o que este vote más de una vez, tendrá una pena de hasta ocho años de cárcel y una multa que puede llegar a los 200 salarios mínimos. Además, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.

Retención de documentos

El servidor público que no haga entrega oportuna competente de documentos electorales, como sellos de urna o de arca triclave, será castigado con hasta nueve años de prisión y deberá pagar hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, será inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.

Alteración de resultados

Quien altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente deberá pagar hasta ocho años de prisión, así como una multa que puede llegar a los 200 salarios mínimos.

Las autoridades electorales indicaron que El Charco es una de los municipios de Nariño, mayormente afectados
por una posible compra venta de votos, lo que es materia de una intensa investigación.

 

Más irregularidades

Otras irregularidades en los comicios consideradas como delitos electorales son las siguientes:

 

Posesión ilícita de cédula

La persona que desaparezca o retenga la cedula de ciudadanía de algún votante se expone a una pena de hasta ocho años de prisión y una multa que puede llegar a los 200 salarios mínimos.

 

Negar la inscripción

El servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca, pagará hasta nueve años de cárcel y una multa de cincuenta hasta 200 salarios mínimos.

 

Dineros prohibidos

El gerente de la campaña electoral que permita el ingreso de recursos de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales pagará hasta ocho años de cárcel y una multa que puede llegar a los 1.200 salarios mínimos. Además, quedará inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

 

Violación de los topes

Quien administra los recursos de la campaña y exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral pagará hasta a ocho y una multa correspondiente al mismo valor de lo excedido. También quedará inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

 

Omisión de información

Quien no infirme de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley pagará hasta cuatro años de cárcel y una multa que puede llegar a 1.200 salarios mínimos.

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