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Sábado, Febrero 8, 2020 - 12:41

Tres exalcaldes del departamento de Nariño, ya fueron judicializados por estar seriamente implicados en la red de corrupción que habría desfalcado miles de millones de pesos, provenientes de los recursos destinados al posconflicto.

El escándalo estalló en las últimas horas, cuando de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación en estos hechos de corrupción, en el que también están involucrados recursos de las víctimas, habrían participado senadores de la República, funcionarios del Ministerio de Hacienda así como funcionarios de la Fiduprevisora entre otras entidades.

Los exmandatarios nariñenses Milton Cuero, de El Charco; Federman Riascos Lerma, de La Tola y Johan Vázquez, de Mosquera, fueron privados de la libertad, en operativos realizados el 25 de septiembre del año pasado y ya en esos procesos, además de ser acusados de colaboración con grupos al margen de la Ley, se hizo referencia a que estas personas eran responsables de malversación de fondos correspondientes al posconflicto.

En los operativos en Nariño fueron capturados además, el consejero de Paz de La Tola, Cristóbal Ortiz; el contratista Eduardo Ghisays y 4 particulares más, quienes eran los encargados de contactar a los alcaldes para la contratación de presuntos proyectos enmarcados en el proceso del posconflicto.

Respecto a esta situación que se acaba de conocer en el departamento el subsecretario de Gobierno de Nariño para temas de paz y Derechos Humanos, José Amilcar Pantoja Ipiales, calificó este hecho como de extrema gravedad, al igual que el exasesor de Paz y Derechos, Mario Miguel Fajardo Chaves, quien agregó que en un país como el nuestro donde reina la corrupción, no le extraña ese robo a los recursos destinados al posconflicto.

Enorme escándalo

La información que acaba de suministrar la Fiscalía General de la Nación causa desde ayer un enorme escándalo en el departamento de Nariño y en el país en general.

Esto en razón a que con apenas la punta del iceberg visible, ya se habla destacados congresistas protagonistas de este desfalco a la plata de la paz.

Es así como en desarrollo de la audiencia realizada en Cali, la Fiscalía dio a conocer una interceptación, en la que se menciona el nombre del senador Roy Barreras.

"A través de Roy Barreras me dijeron que se abría una nueva convocatoria", dice en la grabación Mauricio Quintero, quien es uno de los contratistas investigados en el escándalo, como la persona que se contactaba con los alcaldes para hacerles las propuestas de corrupción, en las que se les prometía a los exmandatarios  grandes cantidades de dinero.

Ante esta situación, ayer la Fiscalía remitió copias a la Corte Suprema de Justicia para que inicie una investigación en contra de Barreras y a otros dos senadores que han sido involucrados en este sonado escándalo.

Delicados antecedentes

En el informe dado a conocer desde Cali, la Fiscalía señaló que desde 2017, el que ahora se conoce como el Cartel de la Paz, gestionó de forma irregular, contratos relacionados con proyectos y obras para el postconflicto, así como emprendimientos para atender a las comunidades afectadas por el conflicto.

Entre los involucrados ya fueron judicializados Eduardo Alfredo Ghisays, empresario de Córdoba; Milton Cuero, alcalde de El Charco (Nariño); Johan Velázquez, alcalde de Mosquera (Nariño); Federman Riascos consejero de paz de la Tola (Nariño) y el contratista Wilmar Caicedo.

Como vampiros

En desarrollo de la audiencia la Fiscalía indicó que el Cartel de la Paz contaba con un grupo de 30 personas en las ciudades de Bogotá, Cali, Montería y en varios municipios de la costa pacífica de Nariño. Desde allí se coordinaban las acciones para desangrar como vampiros, los enormes recursos destinados por el Gobierno Nacional para afrontar el tema del postconflicto en las zonas más afectadas por la violencia en Colombia, entre ellas Nariño.

 

Modo de operar

Luego de sus investigaciones, la Fiscalía General de la Nación pudo constatar que para concretar los hechos de corrupción, los integrantes de la red se contactaban con funcionarios públicos, con los que negociaban dádivas a cambio de asignaciones presupuestales.

En las pesquisas se conoció que funcionarios públicos de nivel central y territorial fueron los principales receptores de los recursos destinados para el posconflicto, entre los que aparecen candidatos a las alcaldías y gobernadores, por lo que parte de ese dinero fue usado en la financiación de campañas políticas.

De este modo los investigadores descubrieron que estas personas hacían transferencias a sus cuentas de los recursos que llegaban a los municipios destinados a proyectos del posconflicto. Luego, los integrantes del cartel se encargaban de contactar a senadores y funcionarios del Ministerio de Hacienda con los que continuaba el conducto de la corrupción.

Los recursos destinados para el posconflicto en Nariño y en varias regiones del país fueron desfalcados

por el llamado Cartel de la Paz. Tres exalcaldes de nuestro departamento están judicializados.

 

Se destapa la olla podrida

Los primeros indicios de que algo muy irregular estaba pasando con los recursos del posconflicto se comenzaron a evidenciar desde mediados de 2017.

Pero fue en el 2018, cuando los países que apoyaron con recursos la Justicia Especial para la Paz (JEP), que juzga a los exguerrilleros de las Farc y a otros protagonistas del conflicto, exigieron “cuentas claras y el chocolate espeso” en torno a la inversión de esos dineros. Las peticiones de esas naciones se intensificaron luego de la denuncia hecha por la fundación Judicial Watch y la renuncia del secretario general de la JEP, Néstor Raúl Correa.

Fue así como los embajadores de Suiza, Noruega y Suecia en Colombia le pidieron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión inmediata para hablar del manejo que se le ha dado a los fondos que sus países entregaron para el posconflicto y que son gestionados mediante el Fondo Colombia Sostenible (FCS).

Al mismo tiempo los agentes diplomáticos piden explicación por la no renovación del contrato a Marcela Huertas, jefe de la Unidad Técnica Consultiva (UTC) del FCS, que depende del Fondo Colombia en Paz.

Estas denuncias encajan luego de la renuncia de Correa, secretario de la JEP, tras el seguimiento de la Contraloría General de la Republica para saber qué sucedió con la suma de USD $ 4.5 millones aportados para la financiación de la justicia especial que condenaría a los actores del conflicto armado en Colombia.

Igualmente se conocieron videos en los que se muestra la pobre dotación de las sedes de la JEP, sin muebles, servicio telefónico ni computadores para los trabajadores.

 Impresionantes hallazgos

La fundación norteamericana Judicial Watch a través de un documento, denunció el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia.

“Judicial Watch anunció que presentó demandas de la Ley de Libertad de Información (Foia) contra el Departamento de Estado de los EE. UU. y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por los registros relacionados con su financiación de las actividades políticas de las Fundaciones Soros Open Society de Rumanía y Soros Open Society Foundations of Colombia”, señala el documento que explica que portales afines a Soros se han visto favorecidos con grandes sumas de dinero.

 

“Propaganda política”

Según el informe, millones de dólares destinados para la ayuda al posconflicto en Colombia terminaron en “propaganda política” y en la presunta financiación de portales colombianos propagandistas. Entre ellos estarían, “La Silla Vacía, Fundación Ideas para la Paz, DeJusticia, Las Dos Orillas, Corporación Nuevo Arco Iris, Paz y reconciliación y Global Drug Policy Program”, precisa.

Además, el informe establece que cada portal recibió una fuerte suma de dinero y que por esa razón exige la publicación de los documentos oficiales en los cuales se explique por qué estos portales colombianos estarían presuntamente siendo financiados desde EE.UU.

“En 2016, las Open Society Foundations de Soros donaron más de USD $ 3.3 millones a organizaciones que operan en Colombia. Varias de esas organizaciones también han recibido apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos, habiendo recibido más de USD $5 millones del Departamento de Estado, Usaid y la Fundación Interamericana en los últimos años. Una de las entidades financiadas por Soros, una organización de defensa Lgbti, también fue seleccionada por la Fundación Interamericana como organización socia en su iniciativa de proyecto de paz en Colombia”, indica el informe de Judicial Watch.

 

Martínez anticipó delito

El caso del desfalco de miles de millones de pesos, recursos destinados para el posconflicto, no es nuevo, puesto que ya el anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez, había dado una fuerte campanada de alerta. En efecto, Martínez reveló graves inconsistencias en el manejo de los recursos del posconflicto, entre las que estaría una red de intermediarios interesados en quedarse con millonarios contratos de proyectos productivos.

 “La sociedad colombiana está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto y en particular para unos recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita”.

Por lo anterior, Martínez le pidió al entonces presidente Juan Manuel Santos autorizar la intervención de dichos procesos con el fin de garantizar transparencia.

 

Datos de las intercepciones

El alcalde de El Charco, Milton Cuero, intentó "apretar una investigación que se adelantaba en la Contraloría de Nariño".

El alcalde de Mosquera, Johan Vásquez, también fue protagonista de la red criminal.

En marzo de 2019 Wilmar Caicedo dice que tiene un amigo en el alto gobierno que le ayuda con el tema de los contratos para la paz.

La fiscal del caso explica que uno de los implicados en la red, de nombre Mauricio y una mujer hablan sobre cómo sacaban dinero de los contratos para los funcionarios públicos.

En otra grabación Wilmar y otra persona dicen que hay que darle una plata a un senador sobre unos contratos en Valle del Cauca.

Por último, la Fiscalía dijo que estos recursos para la implementación de los acuerdos de paz llegaron a las manos de funcionarios corruptos y particulares y también terminaron en campañas políticas.

 

“Hay que blindar estos recursos”

El exasesor de Paz y Derechos Humanos y líder en esos dos temas,  Mario Miguel Fajardo Chaves, manifestó a DIARIO DEL SUR, en torno al nuevo escándalo que acaba de estallar en Colombia, el cual atañe de manera directa al departamento de Nariño que no le extraña, puesto que la corrupción es tan fuerte en Colombia, que afecta a todos los sectores y de sus fauces y garras no se salva, como lo estamos viendo, el tema de la paz.

“El conflicto interno en nuestro país es un paseo frente al fenómeno de la corrupción, la cual lamentablemente los colombianos llevamos en nuestro ADN”, afirmó Fajardo Cháves.

En ese sentido, explicó que desde hace siglos hay corrupción en Colombia, “mientras que apenas tenemos 60 años de conflicto armado”.

Agregó que por esto es difícil que algo en nuestro medio escape de las fauces de la corrupción “y por ello, ahora estamos viendo como le han echado mano a los recursos de la paz y el posconflicto, puesto que a esta clase de gente les importa un bledo perpetrar actos tan infames como los de apoderarse de la plata destinada para las víctimas de la violencia”.

 

Al respecto, Mario Miguel Fajardo Chaves afirmó que los dineros públicos son sagrados y los de la paz dos veces sagrados.

“Por eso considero que el reto de los nuevos gobiernos, es el de blindar estos recursos porque son para la paz, es decir para la democracia, justicia y vida y Pasto es ejemplo en estas materias. Cuando esos dineros provienen de la cooperación internacional, sí que es necesario ser más celosos, vale decir más éticos”.

Por su parte el subsecretario de Gobierno de Nariño, para temas de paz y Derechos Humanos, José Amilcar Pantoja Ipiales, calificó la situación que se acaba de conocer como bastante grave.

“Vamos a profundizar en esta situación de por sí bastante delicada, la cual requiere que no se detengan las investigaciones”, señaló el funcionario.  

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