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“Por la firma de turbios negocios como el realizado entre el distribuidor mayorista de aguardiente Nariño Richard Portilla y el Gobernador Camilo Romero Galeano para la venta irregular de 80.000 cajas de la bebida embriagante, la Fiscalía General de la Nación, los tiene en la mira”.

Así lo manifestó ayer a DIARIO DEL SUR la comerciante de aguardiente Nariño Inés de Bastidas tras subrayar que hechos de corrupción como esos se deben pagar. Frente a ese problema indicó que un grupo de los grandes distribuidores de la emblemática bebida de la región que en el 2016 se quedaron por fuera de la cuestionada licitación para acceder a una parte de ese gigantesco lote, decidieron demandarlos.

“Ahora si ellos fueron a los estrados judiciales es porque algo ilícito esconden. Si bien es cierto la presión de los medios de comunicación sirvió para que en su tiempo no solo Richard Portilla sino otros distribuidores más tuvieran la oportunidad de acceder a los lotes que deseaban, dicho distribuidor desde un inicio obró de mala fe, al intentar pagar a la administración seccional por la compra total del aguardiente Nariño, con un cheque sin fondos, eso es realmente deshonesto”, dijo.

La comerciante además recordó que la firma de ese controvertido y discutido contrato se hizo en sus inicios a dedo, es decir que el distribuidor de la bebida embriagante Richard Portilla y el actual gobernador de Nariño Camilo Romero, pretendían cristalizarlo a través de un contrato tipo sastre. Señaló, que esa ‘mala jugada’ indignó a los otros comerciantes por eso un tiempo después, el mandatario seccional se vio en la obligación de abrir otra licitación pública.

 

Serios problemas

 

El distribuidor de aguardiente Nariño Servio Tulio Champutíz Acosta precisó que la  transparencia es importante para que en futuras administraciones seccionales no se vayan a presentar delicados problemas como los que vive actualmente la Gobernación de Nariño y un distribuidor que en un principio intentó monopolizar la venta del licor.

Destacó que la asignación de contratos a dedo es perjudicial porque a futuro generan delicados líos como en los que se ha visto envuelto Richard Portilla y el gobernador Camilo Romero.

Jesús Meneses otro distribuidor de aguardiente Nariño en la región, indicó que en todos los negocios se debe obrar con seriedad y honestidad, tras subrayar que faltar a esos principios conllevan a serias demandas como las que actualmente adelantan las autoridades competentes contra el gobernador de Nariño y Richard Portilla.

 

No más monopolios   

 

Jesús Portilla otro distribuidor de aguardiente Nariño precisó que el intentar monopolizar la venta de la bebida embriagante genera problemas y le quita oportunidades a otros comerciantes.

Además recordó que los inconvenientes generados por la ilegal manera en la que en un inicio se pretendía comercializar las 80.000 cajas de aguardiente, hizo que los consumidores se alejen de esa bebida y por eso ahora prefieran otras como el ron y el wiski.

Destacó que el cambio de administración seccional es un complique para los distribuidores de aguardiente debido a que son muy pocos los que pueden acceder a la bebida. Además sostuvo que para la venta de los lotes debe primar la transparencia.

Giovani Gonzales otro comerciante de aguardiente sostuvo que la venta de la bebida se debe hacer legalmente debido que la distribución se la da al que más amistad tenga con el gobernador de turno. Para que a futuro no se vayan a presentar  nuevos hechos de corrupción en la distribución de esa bebida embriagante, argumentó que lo más indicado es que en ese proceso intervengan los organismos de control.

De esa manera indicó que se garantizará transparencia en todos los procesos que implica una licitación.

 

“No me preocupa”

 

DIARIO DEL SUR visitó ayer el establecimiento comercial de Richard Portilla para conocer su versión respecto a las investigaciones que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación adelantan en su contra y afirmó: “A mí nadie me obliga a hablar ante los medios de comunicación. Es más yo no soy una figura pública para que me quieran entrevistar”.

“Estoy estresado y para responder tengo mi abogado. Todo esto es producto de los chismes y de la política”, expresó. “Es más, la presencia de los medios de comunicación vulneran mi intimidad”, argumentó.

 

El comerciante Jesús Meneses aseguró que la corrupción incide en las bajas ventas del aguardiente Nariño.

 

Sigue investigación

 

A su turno el diputado nariñense Guillermo Díaz Hidalgo sostuvo que la Procuraduría General de la Nación abrió una  investigación en contra del mandatario regional porque hace 3 años habría otorgado un contrato de manera ilícita, a una empresa distribuidora de licor que en la región está a cargo de Richard Portilla.

Recordó que el ente de control también abrió investigación contra el gobernador de Nariño, Camilo Romero  y dos funcionarios por presuntas irregularidades en la venta de 80.000 cajas de aguardiente Nariño a dicho distribuidor.

Dijo que dicha investigación que adelanta la Procuraduría tiene que ver con la aprobación del convenio que en un inicio permitió la comercialización y distribución de aguardiente en el departamento a Richard Portilla.

Destacó que de acuerdo con la Procuraduría, dicho contrato fue autorizado por el comité de crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016 y que al parecer, la administración seccional otorgó el contrato sin recibir otras propuestas.

 

Imputación de cargos

 

La Fiscalía General de la Nación, el 29 de noviembre de 2017 imputó cargos al gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

Si bien es cierto, según la entidad acusadora el mandatario seccional no aceptó los cargos, el gobernador afirmó que detrás de este proceso existan intereses políticos y económicos.

De igual manera en la ciudad de Pasto, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al primo del gobernador de Nariño Andrés Felipe Arango Romero y a Richard Portilla por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento público.

 

Antecedentes

 

Es de recordar que a finales de 2017, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

En este proceso no sólo se enredó Amaya Buitrago, la Fiscalía también les imputó cargos al exsecretario de Hacienda, Mario Benavides, su asesora Angélica Cruz Dájer, esposa del primo del mandatario también vinculado a la Administración;

Según las investigaciones, la subsecretaria de Rentas habría proyectado el decreto que se expidió el 24 de agosto de 2016 para que los interesados compraran el licor, pues se presume que la funcionaria facilitó la adquisición del Aguardiente Nariño a uno de proponentes, ya que antes de haberse proferido dicho decreto, la empresa Organización de Licores de Nariño SAS, supuestamente hizo la consignación porque tuvo conocimiento previo de la normativa.

El distribuidor de aguardiente Nariño Servio Tulio Champutíz Acosta manifestó que
la corrupción puso en los estrados judiciales al gobernador y a Richard Portilla. 
 

 

Abrieron investigaciones

 

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un convenio para la venta y distribución de aguardiente que tuvo un costo de más de $18 mil millones de pesos.

Según la investigación, dicho contrato de venta y distribución de 80 mil cajas de aguardiente Nariño, fue adjudicado a la Organización de Licores de Nariño, y autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016.    

Lo que reprocha la Procuraduría es que al parecer la gobernación no esperó otras propuestas para la adjudicación del contrato de venta y tampoco verificó que “la empresa contratante consignara la totalidad de las garantías para cubrir los $18.000 millones de pesos”.

Dicha investigación también cobija a Mario Fernando Benavides, en su calidad de gobernador encargado de Nariño para la fecha en que ocurrieron los hechos, y Adriana Milena Amaya, como Subsecretaria de Rentas del departamento.

La Fiscalía anunció una imputación por los hechos que involucrarían delitos de falsedad en documento, peculado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

“El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016”, señaló en su momento la Fiscalía a través de un comunicado.

 

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