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Lunes, Octubre 14, 2019 - 17:38

Desde varios municipios del departamento, el CNE y la MOE, han recibido denuncias en torno a la posible ocurrencia de hechos  irregulares de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre.

Las autoridades de Nariño, se encuentran en máxima alerta ante la serie de denuncias provenientes de diferentes zonas del departamento en torno a la posible ocurrencia de delitos electorales.

Se trata de una situación sobre la cual el Consejo Nacional Electoral CNE y la Misión de Observación Electoral  MOE, le han puesto la lupa, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.

Es de destacar que de acuerdo con el Código Penal Colombiano para estos comicios  los delitos electorales pasaron de 11 a 16 y pueden involucrar por igual a los candidatos,  a los ciudadanos, los gerentes de campañas y  funcionarios.

Sobre el particular se indicó que las penas se han endurecido,  puesto que los comportamientos corruptos  que con anterioridad solo daban lugar a sanciones administrativas, ahora pueden llevar a cualquier ciudadano a prisión.

Las autoridades electorales  indicaron que hoy,  a 14 días de las elecciones se tienen denuncias provenientes de todos los departamentos del país, sobre la posible  ocurrencia de delitos relacionados con los comicios.

 

Situación delicada

 

Al respecto, la directora de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios,  señaló que es importante que la gente sepa muy bien que los delitos electorales son graves y pueden ser la causa para que los responsables tengan que pagar penas de prisión.

“Queremos reiterar esto, que hay muchas personas que creen que esta clase delitos no dan lugar a mayores sanciones, cuando la realidad es otra muy diferente y las personas que se involucren en esta clase de acciones, se verán expuestas a problemas bastante delicados.”, reiteró la funcionaria.

Agregó que en estos instantes, funcionarios de la MOE,  investigan la comisión de varios de estos  delitos en el departamento de Nariño.

“La posible compra y venta de votos,  en algunos municipios de la costa Pacífica de Nariño, es uno de los tenas que preocupa a la MOE,”, reconoció la funcionaria, quien instó a la comunidad para que denuncie a las personas corruptas que traten de contaminar las elecciones del 27 de octubre.

“En esta recta final de la campaña, se vienen los días  más difíciles, puesto que es cuando más se incrementan  los delitos electorales”, expresó Barrios.

Por ello, igualmente recomendó a los electores estar muy prevenidos y no caer en posibles engaños por parte  de los promotores de la corrupción.

Ante estas situaciones de riesgos detectadas en varios puntos de la geografía nariñense, las autoridades se encuentran atentas para contrarrestar estas acciones  que van en detrimento de la transparencia

 

Las contravenciones

Los delitos electorales que en un momento dado podrían mandar a la cárcel a los culpables, son los siguientes:

Corrupción al sufragante

Darle beneficios a una persona para que vote por determinado candidato, con contratos, dinero y dádivas, da entre 4 y 8 años de prisión. Deberá cancelar una multa desde $165 hasta $828 millones. Perturbar las elecciones y presionar al sufragante también son delitos penales con sanción económica.

Favorecimiento

Dos modalidades podrían acarrear en prisión y sanción. Si una persona suplanta a un elector o vota más de una vez, incurrirá en cárcel de 4 a 8 años y una multa entre $41 y $165 millones. Igual monto pagará el servidor público que permita la suplantación, inhabilidad para cargos públicos y cárcel de 4 a 9 años.

Voto fraudulento

Si un funcionario no entrega de manera oportuna los documentos electorales, sellos de urna o arca triclave a las autoridades competentes, puede ir a prisión de 4 a 9 años. Además, será inhabilitado para ejercer cargos públicos y la multa económica irá desde $41 hasta $165 millones.

Mora en entrega de documentos

Comete esta ilegalidad el que modifique los resultados electorales o ingrese documentos o tarjetones de forma indebida. Pagará entre 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. La sanción económica para este infractor será desde $41 hasta $165 millones.

Alteración de resultados

Ocultar, retener, poseer o hacer desaparecer una cédula ajena, o cualquier otro documento necesario para que una persona pueda ejercer el derecho al voto, constituye una ilegalidad que podría llevar a la cárcel por un periodo de 4 a 8 años y la multa también va desde $41 hasta $165 millones.

Retención ilegal de la cédula

Si una persona inscribe su cédula de ciudadanía o logra que alguien la registre en un municipio, distrito o localidad, diferente a donde nació, o a donde vive, con la finalidad de sacar ventaja en las elecciones, pagará cárcel de 4 a 9 años. Adicional a esto, tendrá que cancelar entre $41 y $165 millones.

Fraude en registro de cédulas

Será culpable de este delito quien ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva, con el objetivo de que esas personas voten a favor de un candidato, partido o incluso, en blanco. Esta ilegalidad llevará al implicado a pagar entre 4 y 9 años de prisión, y una multa de $331 a $993 millones.

Tráfico de votos

Si a una campaña llegan recursos del narcotráfico o grupos ilegales, el gerente que con ello, permitió la consecución de bienes, pagará cárcel de 4 a 8 años. La pena también será para el candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente. La multa va de $331 a $993 millones.

Financiación con fuentes prohibidas

El encargado de administrar las finanzas de una campaña electoral, que sobrepase los límites de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, tendrá una pena de 4 a 8 años de cárcel e inhabilidad para funciones públicas por el mismo tiempo. La multa será por el mismo monto que se excedió en la campaña.

Violación a topes de los gastos

Todos los dineros que ingresen en una campaña electoral deben ser reportados ante las autoridades competentes. Si un donante no informa sobre sus aportes realizados, conforme a los términos establecidos en la Ley, irá a prisión de 4 a 9 años y una sanción económica de $331 a $993 millones.

 

Predomina compra de votos

De acuerdo con las informaciones entregadas por el Consejo Nacional Electoral CNE y la Misión de Observación Electoral MOE, la compra venta de votos es el delito  electoral que predomina en el departamento de Nariño.

Según las informaciones entregadas por estos organismos se trata de un fenómeno generalizado,  que en estos instantes tiene su epicentro en varios de los municipios de la costa Pacífica de Nariño.

Por esta razón las autoridades electorales tienen puesta la lupa en estas zonas de la geografía nariñense para tratar de detectar a las organizaciones que están dedicadas a esta ilícita actividad, al mando de determinadas campañas.

En ese sentido se indicó que en Tumaco, donde hay 10 candidatos a la Alcaldía, se han detectado varios de estos hechos, por lo que se están intensificando las investigaciones para identificar a los responsables.  Allí, circulan insistentes rumores en el sentido que se están pagando 100 mil pesos por voto, delitos electorales que tendrían su mayor auge en varios zonas apartadas y vulnerables del puerto nariñense.

 

Posible visita del Registrador

De acuerdo con las informaciones conocidas en las últimas horas, es posible que el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vacha, realice una visita “relámpago” al departamento de Nariño, en especial a Tumaco.

Esto sería con el fin de observar de primera mano, el comportamiento electoral que tiene el puerto nariñense, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.

El énfasis sería comprobar la serie de denuncias que se han venido haciendo en torno a la posible compra de votos y otras anomalías relacionadas con las diferentes campañas.  Esto en razón a que vienen circulando insistentes versiones sobre una serie de irregularidades, que se estarían perpetrando e inclusive gestando, en el marco de las campañas políticas en Tumaco.  

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