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Ante la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por las presuntas inconsistencias detectadas en las condiciones para la comercialización de Aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016.

Así lo dio a conocer en un comunicado la Fiscalía General de la Nación ayer a los diferentes medios de comunicación.

Por dicho contrato, cuyo costo fue de dieciocho mil millones de pesos ($18.000’000.000), también fue acusado el gobernador encargado para la época, Mario Fernando Benavides.

A ambos funcionarios se los responsabiliza de los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.

El gobernador de Nariño Camilo Romero es señalado de cometer irregularidades en el manejo de la comercialización de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016.

Recordemos que a finales de 2017 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Cuando las cosas se tornaron ‘color de hormiga’ y el escándalo sacudió los cimientos de la Gobernación, Adriana Milena Amaya Buitrago, subsecretaria de Rentas del departamento de Nariño, comenzó a colaborar con la Justicia.

Según las investigaciones, la subsecretaria de Rentas habría proyectado el decreto que se expidió el 24 de agosto de 2016 para que los interesados compraran el licor, pues se presume que la funcionaria facilitó la adquisición del Aguardiente Nariño a uno de los proponentes, ya que antes de haberse proferido dicho decreto, la empresa Organización de Licores de Nariño SAS, supuestamente hizo la consignación porque tuvo conocimiento previo de la normativa.

Testigo hablaría

 

En el proceso ante la Corte Suprema de Justicia por un presunto caso de corrupción en el que aparecen mencionados varios funcionarios de la Gobernación de Nariño, incluido el gobernador Camilo Romero, la Fiscalía presentó ante juez de garantías un principio de oportunidad alcanzado con una de las funcionarias implicadas.

Se trata de Adriana Milena Amaya Buitrago, subsecretaria de rentas de la Gobernación, quien habría sido la encargada de preparar el proyecto por el cual se abrió la investigación: una licitación de 18.000 millones de pesos para la venta de 80 mil botellas de Aguardiente Nariño que, según la Fiscalía, habría sido amañado para favorecer al oferente que resultó ganador del contrato.

La preparación de esa licitación, a cargo de Amaya, habría comenzado en julio del 2016. En este se debía fijar la escala de venta y el precio del Aguardiente Nariño, en sus líneas tradicional y sin azúcar.

Al llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía, Amaya se compromete a dar información clave que permita establecer claridades y responsabilidades sobre este caso, en el que también son investigados los dos particulares al frente de la Organización de Licores de Nariño.

 

Los señalamientos

 

Según se desprende de la investigación Adriana Amaya Buitrago actuó como coautora, por sus comportamientos dolosos, como la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica.

Se pudo establecer que el 25 de agosto, cuando ya se había otorgado la compra del Aguardiente Nariño a la Organización de Licores de Nariño, OLN, llegó a las manos del consorcio de licoristas, Licosur, el oficio suscrito por la subsecretaria de Rentas, informándole la publicación del decreto 364.

La empresa que desde antes venía en el trámite de la compra del aguardiente consignó en efectivo 18 mil 901 millones de pesos, que correspondía al valor de las 80 mil cajas de aguardiente, sin embargo Amaya Buitrago le respondió mediante oficio que no era posible por cuanto la totalidad del licor ya había sido vendida.

Solo hasta el 27 de septiembre de 2016 se asegura que Amaya Buitrago, luego de conocer que la empresa OLN tenía dinero para el pago, solicitó al tesorero departamental, Luis Eduardo Narváez, consignar el cheque LC918402 por 11 mil millones de pesos, cobro que se hizo efectivo al día siguiente, pero ya con 35 días de pérdida de intereses corrientes en perjuicio para la Administración departamental.

 

Los allanamientos

 

En desarrollo de la investigación la Fiscalía allanó los apartamentos del hermano del gobernador Pablo Romero y su esposa Esmeralda, también el de la hermana del mandatario de Nariño, Natalia Romero, al igual que el de los empresarios Pedro Miguel Bastidas López y Richard Giovanny Portilla Díaz y tres más.

Los investigadores se llevaron computadores, memorias USB, documentos escritos, pero pese a este escándalo, las autoridades hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que los medios de comunicación no se enteraran.

Este caso que comenzó desde octubre de 2017 ha sufrido demoras y una de las razones es que tanto Romero Galeano como Mario Benavides actúan como aforados. El último porque a la firma del contrato del licor actuó como gobernador encargado.

Es decir que a los aforados no los investigan los fiscales delegados, sino la Corte Suprema de Justicia, pero ya estaría creada la sala para tal fin

 

Efecto negativo

 

Frente a los cargos imputados al gobernador Camilo Romero, el diputado Guillermo Díaz aseveró que el efecto político de la determinación de la Fiscalía contra el gobernador es complicado y difícil.

“Esto puede traer consecuencias políticas en razón de que se puede perjudicar a las personas que él esté apoyando de cara al proceso electoral. Lógicamente son unos efectos negativos ya que la gente entra a calificar la posición del gobernador”, aseveró.

Con respecto a las acusaciones contra el exsecretario Mario Benavides, él debe tener su defensa ya que desde el momento que le hacen la imputación de cargos debe cumplir con algunas observaciones y requerimientos, añadió.

El diputado Guillermo Díaz Hidalgo señaló que si después de recoger las pruebas la Fiscalía hace la imputación de cargos, en este caso por ser el gobernador se hace ante la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente en las etapas siguientes, si no se logra por parte de quien hizo la imputación de cargos, que esto no es cierto, se continúa con la acusación, lo cual quiere decir que si acusaron al gobernador Camilo Romero esto quiere decir que es la última etapa que es el juicio para entrar a definir si cometió o no el delito y qué tipo de sanción va a tener en años de cárcel, multa, por lo cual es un tema complicado que se le viene al mandatario seccional.

“Obviamente no conocemos el detalle de este proceso, qué pruebas se tiene por parte de la Fiscalía para que se adelante el proceso de acusación. Me imagino que son claras y concisas y objetivas para que se haya dado este tipo de procedimiento”, expresó el diputado.

Añadió que si se produce una condena contra el mandatario seccional ya ejecutoriada se procedería a la separación del cargo y del funcionario a quien se condene y se diferencia de la parte administrativa de la penal.

“Se denunció en su momento”

 

El exdiputado Jairo Otero ante esta situación manifestó que es un hecho que viene desde el 2016 y la Justicia está dando la razón a unas actuaciones que fueron dadas a conocer en su momento.

Otero señaló que en el país se espera ejemplo por parte de la Justicia y se castigue a quien comete alguna clase de delitos contra el erario público. Que otras administraciones respeten el debido proceso y que los procedimientos se hagan según la Ley.

Agregó que en ese tiempo varios diputados en el control político respectivo se basaron en una contratación irregular que se hicieron de una cantidad de cajas de aguardiente que sumaba alrededor de 18 mil millones de pesos.

“Nosotros habíamos instaurado las denuncias públicas ya que no había coherencia. En el momento se estaba en un gobierno abierto y se realizaban negociaciones del talante del aguardiente, que es el principal negocio que tiene el departamento a puerta cerrada con un proponente de apellido Portilla”, señaló.

“Se tuvo las evidencias del caso por parte de los licoristas, agrupados en una asociación, puesto que fueron ellos quienes pusieron en tela de juicio este negocio que no era muy claro, que se había proyectado prácticamente en campaña y que el beneficiario de la negociación había hecho aportes importantes a la campaña del hoy gobernador de Nariño”, dijo.

“El negocio se llevó a cabo a dedo y de una manera irregular, puesto que no se hizo la convocatoria pública y con una empresa que nació después de la posesión del gobernador. Todo esto se pudo constatar en los debates en la Asamblea de Nariño y al señor Mario Benavides se le suplicó en su momento para que no se adelantara esta negociación puesto que se tenía las denuncias por parte de los licoristas”, expresó.

Había conocimiento de que se recibieron cheques sin fondos para cubrir el negocio, de igual forma se vendió a crédito. De 18 mil millones de pesos solo se recibieron dos mil millones y el resto fue cancelado a crédito con cheques posfechados y sin fondos, situaciones que fueron explicadas por los funcionarios de la Gobernación.

“A pesar de estas advertencias el gobernador continuó manifestando que no existían irregularidades en este proceso y lógicamente estos errores hicieron perder recursos importantes para el departamento”, dijo.

 

“Grave situación”

 

El diputado Juan Daniel Peñuela manifestó que si bien es cierto se está en un proceso de investigación penal, es de la mayor gravedad para la región.

“Es la primera vez en la historia del departamento en la que se presenta una acusación formal por parte de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto se debe estar muy atento a los avances de este proceso y pedir celeridad a las investigaciones. Si resulta culpable el gobernador le tiene que caer todo el peso de la ley porque no se puede permitir que quienes se hagan elegir como gobernadores mantengan el discurso de doble moral, en donde por un lado se venden como personas honestas y por otro lado se presentan conductas que indignan al departamento”.

“Cuando las acusaciones conducen a que se formule una acusación es porque existen elementos que con claridad tipifican la culpabilidad de la conducta. Son cinco delitos graves contra la administración pública por los cuales se inculpa al gobernador Camilo Romero. Desde luego es una noticia que genera preocupación, indignación y ante todo ratifica que durante estos cuatro años el mandatario seccional sale en los medios de comunicación nacional por el populismo o por sus problemas con la Ley”, aseveró Peñuela.

“Es por eso que estamos esperando que estos procesos avancen. Desafortunadamente para Nariño no será este el único proceso en el que el gobernador tendrá que defenderse ya que después viene una investigación de índole disciplinario, pero también hay otras conductas que en su momento las autoridades se manifestarán”.

“No nos podemos olvidar del tema de las chuzadas, así como de la conectividad del departamento, temas muy delicados que desdicen mucho de lo que se hizo al frente de la Gobernación durante estos cuatro años”, explicó el diputado.

 

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