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Domingo, Junio 9, 2019 - 16:46

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en Pasto a Andrés Felipe Arango Romero y Richard Portilla por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento público.

Esta determinación se dio en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en venta de licores en el departamento de Nariño.

El tema tiene que ver con las presuntas irregularidades en el manejo de la comercialización de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño que se fijó mediante decreto del 24 de agosto de 2016.

Es de anotar que Arango Romero es integrante de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, y es primo del gobernador de Nariño, Camilo Romero.

Romero es un economista de Popayán y no solo estuvo en la campaña de Romero a la Gobernación, sino que lo acompañó en sus movimientos ‘Tienen huevo’ y el colectivo ‘Vamos independientes’.

Por ende, desde que se posesionó el gobernador estuvo acompañando su trabajo, aunque no directamente, sino como consultor de Usaid en la elaboración del mapa de regalías en todos los municipios de Nariño, como parte del programa de gobernabilidad regional del programa que acompaña la cooperativa internacional en Nariño.

Richard Portilla,
empresario.

 

Antecedentes

 

A finales de 2017 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

En este proceso no solo se ‘enredó’ Amaya Buitrago, la Fiscalía también les imputó cargos al exsecretario de Hacienda Mario Benavides, su asesora Angélica Cruz Dájer, esposa del primo del mandatario también vinculado a la Administración; el asesor jurídico Pedro Rodríguez y Rubi Sierra Zambrano.

Según las investigaciones, la subsecretaria de Rentas habría proyectado el decreto que se expidió el 24 de agosto de 2016 para que los interesados compraran el licor, pues se presume que la funcionaria facilitó la adquisición del Aguardiente Nariño a uno de los proponentes, ya que antes de haberse proferido dicho decreto la empresa Organización de Licores de Nariño SAS supuestamente hizo la consignación porque tuvo conocimiento previo de la normativa.

Felipe Arango Romero,
consultor.

 

Abrieron investigaciones

 

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un convenio para la venta y distribución de aguardiente que tuvo un costo de más de 18 mil millones de pesos.

Según la investigación, dicho contrato de venta y distribución de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño fue adjudicado a la Organización de Licores de Nariño, y autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016.   

Lo que reprocha la Procuraduría es que al parecer la Gobernación no esperó otras propuestas para la adjudicación del contrato de venta y tampoco verificó que “la empresa contratante consignara la totalidad de las garantías para cubrir los 18.000 millones de pesos”.

Dicha investigación también cobija a Mario Fernando Benavides, en su calidad de gobernador encargado de Nariño para la fecha en que ocurrieron los hechos, y Adriana Milena Amaya, como subsecretaria de Rentas del departamento.

La Fiscalía anunció una imputación por los hechos que involucrarían delitos de falsedad en documento, peculado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

“El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de Aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016”, señaló en su momento la Fiscalía a través de un comunicado.

 

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